Contexto y origen de la regulación digital infantil en Argentina
En el marco de la transformación digital global y la creciente conectividad, la protección de los derechos de los menores de edad en entornos virtuales se ha convertido en un desafío prioritario para los gobiernos. En Argentina, la legislación de privacidad ha evolucionado para incluir disposiciones específicas destinadas a salvaguardar a los niños y adolescentes cuando interactúan con servicios en línea.
La Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, sancionada en 2000, estableció el primer piso normativo sobre tratamiento responsable de información personal. Sin embargo, con el auge de las redes sociales, las aplicaciones educativas y plataformas de entretenimiento, surgió la necesidad de normas más precisas orientadas a quienes aún no han alcanzado la mayoría de edad.
En 2021 y luego revisada en 2023, el proyecto de reforma de la Ley de Protección de Datos Personales incorporó principios de la normativa europea y múltiples recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas. La Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) emitió en 2024 un reglamento complementario que introduce pautas para el consentimiento verificable y mecanismos de control parental.
Si bien la normativa COPPA original es una ley de los Estados Unidos, en Argentina se implementaron estándares análogos para garantizar que los sitios web, aplicaciones y servicios digitales no exploten la vulnerabilidad de los niños. Esta adaptación local se conoce como la regulación de privacidad infantil nacional.
La vigencia de estas pautas es clave para que cualquier empresa o desarrollador inmobiliario, tecnológico, educativo o recreativo que ofrezca contenidos a menores en territorio argentino, cumpla con los requisitos de transparencia y obtenga el consentimiento de los padres o tutores legales.
Definición: ¿qué trata la normativa de protección infantil digital?
Cuando buscamos entender “ley coppa que es”, encontramos que en su versión argentina se enfoca en el respeto de la intimidad y el control parental sobre los datos que recopilan las plataformas digitales de niños y adolescentes. El objetivo principal es evitar el uso indebido de esa información, garantizando que ninguna compañía utilice perfiles de usuarios infantiles para dirigirles publicidad invasiva o para vender sus datos a terceros.
En términos generales, la norma nacional establece que todo tratamiento de datos personales de menores debe contar con:
1. Consentimiento previo, libre, informado y específico: entregado por los padres, madres o tutores.
2. Mecanismos de verificación: tecnologías o procedimientos que aseguren la autenticidad del consentimiento.
La reglamentación complementaria introdujo la obligación de reportar a la AAIP cualquier vulneración de seguridad o filtración que involucre a usuarios infantiles, así como también la exigencia de implementar políticas de retención mínima de la información.
Gracias a estos lineamientos, se define el tratamiento de datos desde la recolección hasta la eliminación, con especial énfasis en la minimización de la información: solo se solicita aquello estrictamente necesario para la prestación del servicio.
Importancia de la ley para sitios y servicios web
La implementación de esta regulación de privacidad para niños es fundamental para el mercado local y regional:
- Protege la integridad digital: evita la recolección masiva de datos y prácticas de perfilado que pueden ser nocivas para los menores.
- Fortalece la confianza: los padres y tutores confían más en plataformas que demuestran un compromiso con la seguridad de los datos de sus hijos.
- Reduce riesgos legales: el incumplimiento puede derivar en multas elevadas y sanciones administrativas impuestas por la AAIP.
- Mejora la reputación: destacar el cumplimiento de este esquema normativo constituye un factor de diferenciación frente a la competencia.
Para un sitio dedicado a la creación de contenidos educativos o a juegos en línea, seguir estas reglas implica rediseñar procesos internos de desarrollo y atención al cliente. En particular, hay que priorizar protocolos de privacidad incorporados desde el diseño (privacy by design) y garantizar un control de acceso riguroso.
En 2025, las organizaciones que no cumplan con el reglamento podrían enfrentar inspecciones más exhaustivas y la exigencia de auditorías externas periódicas para comprobar el respeto de los derechos digitales de los niños.
Obligaciones clave para plataformas y desarrolladores
Toda entidad que provea productos o servicios destinados a menores en Argentina debe conocer las siguientes responsabilidades:
1) Implementar un formulario de consentimiento verificable donde los padres confirmen el uso de datos.2) Mantener un registro seguro de las autorizaciones para futuras revisiones.3) Diseñar interfaces que soliciten solo la información esencial y no recopilar datos sensibles o de localización precisa sin justificación.4) Establecer políticas claras de retención y eliminación automática de datos personales infantiles.
Además, se promueve la figura del responsable de privacidad dentro de la organización, encargado de supervisar la correcta aplicación de la normativa y de canalizar consultas o reclamos de los usuarios y de la autoridad de control.
Otro punto central radica en:
- Supervisión de los proveedores de servicios en la nube y terceras partes que manejan datos de menores.
- Evaluación de impacto en la privacidad (EIP) para proyectos que impliquen innovación tecnológica.
- Reporte inmediato de incidentes de seguridad informadas a la AAIP.
Dichas obligaciones no solo cubren aspectos legales, sino que promueven una cultura organizacional centrada en la protección de los derechos digitales de la infancia.
Buenas prácticas para el cumplimiento efectivo
Para que las empresas y desarrolladores logren un ajuste óptimo a la regulación de privacidad de menores en Argentina, se sugieren las siguientes prácticas:
- Realizar capacitaciones internas periódicas sobre privacidad infantil y protocolos de seguridad.
- Implementar tecnologías de encriptación de datos tanto en tránsito como en reposo.
- Utilizar paneles de control que permitan a los padres visualizar y gestionar la información compartida.
- Garantizar procesos de verificación de edad cuando corresponda, sin vulnerar estándares de protección de datos.
- Actualizar las políticas de privacidad y términos de uso en lenguaje claro, de fácil comprensión para adultos y adolescentes.
Es recomendable establecer auditorías internas y, de ser posible, auditorías externas certificadas cada 6 o 12 meses. Esto no solo fortalece la confianza de los usuarios sino que facilita la preparación ante eventuales inspecciones de la Agencia de Acceso a la Información Pública.
Para tareas de desarrollo, hay marcos de trabajo de código abierto que ya incorporan plantillas de consentimiento y gestión de cookies adaptadas a entornos infantiles, lo que acelera el proceso de cumplimiento.
Por último, es esencial mantener un canal de atención exclusivo para consultas y reclamos de padres y tutores, brindando respuesta en plazos no mayores a 15 días hábiles, tal como lo sugiere el reglamento complementario.
Perspectivas futuras y recomendaciones
De cara a los próximos años, la protección de datos de menores seguirá ganando relevancia en la agenda de políticas digitales. Se espera que en 2026 la AAIP refine aún más los lineamientos sobre algoritmos de recomendación y la transparencia en publicidad dirigida a públicos infantiles.
Entre las recomendaciones clave para estar preparados está:
• Adoptar un enfoque proactivo y no esperar hasta el último momento para implementar cambios en la plataforma. • Participar en foros y grupos de trabajo sobre privacidad digital para anticiparse a futuras modificaciones de la normativa. • Integrar la perspectiva de los derechos del niño en el diseño de productos y servicios digitales desde las primeras etapas de conceptualización.
Asimismo, la sinergia entre organismos públicos, empresas y organizaciones de la sociedad civil resultará indispensable para fortalecer el ecosistema de protección de la infancia en Internet. Las alianzas estratégicas pueden potenciar iniciativas de concientización y proyectos educativos destinados a enseñar a los menores buenas prácticas de seguridad en línea.
En definitiva, cumplir con esta regulación no es solo una obligación legal, sino una apuesta por el bienestar digital de toda la comunidad y la construcción de un entorno virtual más seguro y confiable para las generaciones futuras.