Contexto y antecedentes de la norma de seguridad ciudadana
En el escenario europeo, la normativa española que regula la seguridad ciudadana ha generado un profundo debate. A partir de su aprobación, se estableció un régimen de sanciones administrativas orientado a controlar actos considerados disruptivos. Esa disposición se apropió de un término coloquial que, con el tiempo, trascendió fronteras y se relacionó con la censura de manifestaciones y protestas.
En España, la aparición de esta regulación se inscribe en una búsqueda de mayor “orden público” tras episodios de tensión social. Muchos sectores argumentaban que era necesario fortalecer las herramientas legales para actuar ante alteraciones del espacio público, contraviniendo la idea de que la protesta pacífica forma parte del derecho de expresión.
Sin embargo, la gestación de la normativa tuvo lugar en un contexto político polarizado. Grupos políticos de distinto signo aprovecharon la coyuntura para reforzar sus posturas: unos, insistiendo en el control estricto; otros, denunciando la restricción a libertades fundamentales. Esa pugna marcó el debate mediático y social.
La sanción de la norma se acompañó de una estrategia comunicacional que buscaba resaltar la protección de la seguridad y la convivencia. No obstante, la definición de “conductas punibles” resultó lo suficientemente amplia como para cubrir desde pintadas en bienes públicos hasta la difusión de imágenes de las Fuerzas de Seguridad en manifestaciones.
Con el paso del tiempo, la normativa se vinculó a un modelo punitivo de control de la protesta social, generando comparaciones con legislaciones más restrictivas de otros países. Para muchos juristas y colectivos de derechos civiles, aquella regulación representó un retroceso en materia de garantía de libertades.
En Argentina, la experiencia legislativa difiere en algunos aspectos, pero guarda resonancias con el debate europeo sobre la tensión entre seguridad y expresión. Es clave comprender los antecedentes que motivaron la creación de una legislación tan cuestionada.
Aunque en España la regulación lleva varios años en vigor, su impacto continúa siendo objeto de estudio y crítica. En 2025, tanto organizaciones no gubernamentales como entes internacionales de derechos humanos siguen evaluando hasta qué punto esta legislación condiciona la participación ciudadana pacífica.
El análisis comparado con otros países de la Unión Europea muestra que, si bien existen normas similares, pocas tienen un grado de sanción tan elevado ni una definición tan amplia de los supuestos aplicables. Esto explica el interés de referentes legales de toda América Latina, incluidos Argentina y Uruguay, por revisar su alcance y efectividad.
Concepto y alcance de la limitación a la libertad de expresión
Al explorar qué se entiende por esta polémica regulación de control del orden público, encontramos que su objetivo central es sancionar infracciones administrativas más que delitos penales. Así se diferencia de iniciativas que imponen penas de prisión.
La norma establece un catálogo de faltas que van desde la celebración de eventos no autorizados hasta el uso de lenguaje intimidatorio o la difusión de imágenes de agentes sin su permiso. Esa amplitud permite a autoridades imponer multas elevadas, que en algunos casos pueden superar varios miles de euros.
El concepto clave radica en la creación de un régimen sancionador que pretende disuadir ciertas conductas, pero a costa de restringir la libertad de reunión y el derecho a manifestarse. Para ello, se recurre a términos genéricos como “alteración del orden público” o “desobediencia”, minimizando la posibilidad de defensa del ciudadano.
Su alcance se extiende a acciones que, en un marco de derecho penal, serían consideradas de escasa entidad. Por ejemplo, fotografiar policías durante una manifestación se califica como “grabación no autorizada”, lo cual acarrea sanciones administrativas que van desde amonestaciones hasta multas.
Principales puntos destacados de este enfoque:
- Despliegue de infracciones leves, graves y muy graves. Cada categoría presupone multas diferentes y habilita a las autoridades a actuar con amplio margen de discrecionalidad.
- Limitación de difusión de contenidos en redes sociales. Compartir información considerada sensible puede derivar en sanciones, lo que impacta en la labor periodística y ciudadana.
- Prohibición de reuniones no comunicadas. Para convocar una manifestación, es necesario tramitar un aviso previo: la falta de este trámite se entiende como episodio irregular.
En la práctica, la definición ambigua de conductas presuntamente delictivas permite que las fuerzas de seguridad apliquen multas por supuestos incumplimientos que, a menudo, terminan generando recursos en vía judicial para ser anulados.
Es fundamental comprender que, a pesar de tratarse de una regulación administrativa, la imposición de sanciones puede afectar el bolsillo de vecinos, organizaciones sociales y periodistas de manera drástica. Esa consecuencia económica busca, en teoría, desmotivar acciones colectivas que pongan en riesgo la estabilidad.
El debate en España se centra en si este tipo de mecanismos de control deben ser parte de un Estado moderno o si, por el contrario, suponen un riesgo para el ejercicio de derechos consagrados en tratados internacionales y en la propia Constitución española.
Desde Argentina, se observa con atención cómo las autoridades han utilizado esta norma. Varios casos llegaron ante instancias europeas, donde se cuestiona la proporcionalidad de las sanciones y la falta de garantías procesales en el procedimiento administrativo.
En definitiva, al describir el concepto y el alcance, queda claro que no estamos ante una ley penal, sino frente a un régimen de faltas que extiende su sombra sobre la manifestación pacífica, la libertad de prensa y la participación ciudadana.
Controversias, críticas y desafíos en torno a la regulación
Desde distintos frentes se han alzado voces reclamando la derogación o modificación de esta normativa. Organizaciones de derechos humanos, colectivos de periodistas y numerosas asociaciones civiles sostienen que, a través de esa herramienta, se limita el derecho de reunión y se setea un precedente peligroso.
Una de las críticas más frecuentes apunta a la falta de garantías procesales. La vía administrativa no contempla la figura del juicio con garantías plenas, lo que resta seguridad jurídica al ciudadano sancionado.
Otro punto sensible radica en la utilización discrecional de las fuerzas de seguridad. Al no resultar obligatorio documentar la actuación policial con registros audiovisuales disponibles para el público, queda al arbitrio de cada protocolo interno determinar si existió o no infracción.
- Ausencia de instancia deliberativa. El sistema prevé que el expediente administrativo se tramite sin la intervención de un juez hasta etapas finales.
- Sanciones económicas desproporcionadas. Multas que en ocasiones equivalen a varios meses de salario mínimo, disuadiendo la participación social.
- Ambigüedad en la tipificación de faltas. Conceptos como “desorden” o “desobediencia” no se acompañan de criterios claros para su aplicación.
La percepción ciudadana en España no es uniforme. Mientras un sector apoya el endurecimiento de las normas ante los episodios de altercados violentos, otro exige salvaguardar las libertades civiles prioritarias. Esa tensión se ve reflejada en encuestas y en la cobertura mediática.
Dentro de la Unión Europea, la norma ha sido examinada por comités de libertad de expresión, que han sugerido reformas para reducir el margen de arbitrariedad. Estas recomendaciones, sin embargo, dependen de la voluntad política de cada gobierno sucesivo.
En Argentina, donde las leyes de seguridad interior tienen perspectivas distintas, se advierte un riesgo de imitar modelos excesivamente punitivos. Los expertos alertan sobre la necesidad de equilibrar el control del orden público con la protección de derechos fundamentales.
La experiencia comparada demuestra que las normas excesivamente rígidas favorecen la judicialización de la protesta y generan apelaciones masivas, saturando tribunales y generando innecesarias cargas al sistema judicial.
¿Cómo avanzar? Algunos juristas proponen reformar el régimen sancionador para:
- Acotar la definición de faltas a conductas letales o de gran riesgo.
- Incorporar garantías procesales análogas al ámbito penal.
- Eliminar sanciones por la retransmisión de imágenes a menos que supongan un peligro real.
Estos puntos resuenan en el debate nacional argentino, donde la sociedad civil reclama mayor transparencia en la actuación policial y criterios claros para la imposición de sanciones administrativas.
Repercusiones y aprendizajes desde la perspectiva argentina
La reflexión en Argentina sobre este modelo legislativo europeo aporta valiosas lecciones. En primer lugar, la importancia de establecer límites precisos para no restringir derechos consagrados en la Constitución Nacional y en pactos internacionales de los que somos parte.
Si consideramos que la protesta social es una forma legítima de participación democrática, toda norma debe garantizar mecanismos de control que no disuadan la expresión de demandas ciudadanas. En este sentido, la experiencia ibérica sirve como caso de estudio para evitar errores similares.
Es imprescindible que la legislación local incorpore criterios de proporcionalidad. Una infracción menor no justifica una multa excesiva ni la intervención inmediata de las fuerzas de seguridad bajo criterios subjetivos.
Asimismo, la transparencia en los procedimientos es clave. Formularios claros, plazos acotados y posibilidad de apelación con garantías equivalentes a las del ámbito penal constituyen ejes básicos para un sistema confiable.
- Participación ciudadana en la elaboración de normas. Abrir espacios de consulta pública para que colectivos sociales y expertos aporten revisiones.
- Registro audiovisual obligatorio. Documentar toda actuación policial en manifestaciones, protegiendo tanto a manifestantes como a agentes.
- Entrenamiento en derechos humanos. Capacitar a fuerzas de seguridad para evitar violaciones y abusos.
En nuestro país, ya existen antecedentes de debates similares. Por ejemplo, en el diseño de leyes que regulan el orden público en contextos de protestas o reclamos laborales, se ha apuntado a crear protocolos más equilibrados, evitando prácticas coercitivas desmedidas.
Otro aprendizaje gira en torno a la necesidad de la evaluación periódica de cualquier norma restrictiva. No basta con sancionar: hay que medir los efectos, recoger datos de sanciones aplicadas y analizar los resultados en términos de convivencia y derechos.
Apostar por un diálogo entre Estado y sociedad civil resulta esencial. La sanción unilateral de normas genera desconfianza; en cambio, procesos participativos fortalecen la legitimidad y el cumplimiento voluntario.
El análisis de la normativa española en 2025 demuestra que sin claridad y límites bien definidos, cualquier regulación de seguridad puede convertirse en una herramienta de control desmedido. Esa lección debe guiar la redacción de leyes en Argentina para proteger el derecho a expresarse y reunirse sin temor a sanciones arbitrarias.
En definitiva, el estudio de este régimen europeo aporta pistas sobre cómo diseñar sanciones moderadas, respetar la legalidad y promover una cultura democrática que valore la protesta pacífica como elemento vital de cualquier sociedad plural.