En 2025, la normativa argentina en materia de protección animal ha experimentado avances significativos, incorporando nuevas regulaciones que buscan erradicar prácticas de explotación y maltrato. En este contexto, la reciente prohibición de comercialización de mascotas cobra gran relevancia, ya que redefine la forma en que criadores, comercios y particulares pueden gestionar la tenencia y transferencia de animales de compañía en todo el país.
Este artículo ofrece un análisis exhaustivo del marco legal y las implicancias de la restricción a la venta de animales en Argentina, detallando qué estipula la normativa vigente, cómo se aplica en la práctica y qué alternativas existen para fomentar la adopción responsable. A continuación, encontrarás información actualizada, orientaciones clave y recomendaciones para cumplir con la legislación y promover el bienestar animal.
Marco normativo de la comercialización animal en Argentina
El sistema legal argentino incluyó recientemente una serie de disposiciones que establecen la prohibición de venta de seres vivos con fines comerciales, orientada a proteger la integridad física y emocional de los animales domésticos. Estas medidas se integran al Código Civil y Comercial de la Nación y a la Ley Nacional de Protección Animal, complementando y robusteciendo un conjunto de normas ya existentes que, con anterioridad, solo regulaban de manera dispersa el comercio de mascotas.
De acuerdo con lo establecido, queda vedada la oferta y la disposición de canes, felinos, aves y otros animales de compañía con finalidad lucrativa, tanto en locales físicos (veterinarias, criaderos, viveros o tiendas de mascotas) como en plataformas digitales. Si bien en años anteriores se contemplaban excepciones para fines de investigación científica o reproducción controlada por registro oficial, en 2025 estas exenciones se redefinieron y se articularon con un estricto régimen de transparencia y trazabilidad, supervisado por autoridades provinciales y municipales.
Por otra parte, la normativa nacional exige que todos los centros de cuidado o cría que ya operaban antes de la sanción de esta modificación reformulen sus prácticas: deberán migrar hacia un modelo basado en adopción responsable y establecer convenios voluntarios con refugios y sociedades protectoras para garantizar el resguardo de ejemplares no seleccionados para la reproducción. Esta transición también implica un cambio de paradigma para el sector, promoviendo la educación ciudadana y la visibilización de la tenencia responsable en lugar de su mercantilización.
Alcance y disposiciones principales de la prohibición comercial
La nueva regulación, conocida como el régimen de restricción de compraventa de mascotas, contempla múltiples artículos dedicados a detallar su alcance y las sanciones aplicables. A continuación se presentan los aspectos más relevantes:
- Prohibición de oferta pública: Se impide la exhibición y promoción de animales de compañía en escaparates de comercios y plataformas de internet, con vigilancia especialmente estricta para canales digitales.
- Registro obligatorio: Toda institución que albergue animales (criaderos, clubes, asociaciones) debe inscribirse en un registro nacional y someterse a auditorías periódicas.
- Régimen de adopciones: Aquellos ejemplares disponibles deben ser canalizados exclusivamente mediante adopción, previo control de antecedentes de personas interesadas y evaluación de su entorno familiar.
- Sanciones económicas y administrativas: Quienes infrinjan la norma enfrentan multas que van desde los miles hasta los cientos de miles de pesos, clausura de locales y, en casos de reiteración, inhabilitación para operar con animales.
- Capacitación obligatoria: Se exige a personal de refugios y comerciantes asistir a cursos sobre bienestar animal y protocolos de contención, financiados en parte por subsidios estatales.
Estas disposiciones tienen vigencia en todo el territorio argentino, y su aplicación recae sobre los organismos de control provinciales, que coordinarán con entes nacionales como el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Ministerio de Ambiente. La intención es unificar criterios, facilitar el intercambio de información y evitar vacíos legales que permitan la comercialización ilícita de mascotas, tanto de raza como mestizas.
Además, la normativa define un sistema de alertas rápidas para casos de tráfico de animales y redes de venta clandestina, con personal abocado a la inteligencia de campo y al monitoreo de ventas por internet. Gracias a esta herramienta, se persigue no solo el fin sancionatorio, sino también la prevención y detección temprana de prácticas irregulares.
Impacto en criaderos, comercios y organizaciones de protección
La entrada en vigencia de la normativa ha generado una reconfiguración profunda en los sectores involucrados. Por un lado, los criaderos tradicionales enfrentan el desafío de adaptarse a un modelo en el que ya no pueden comercializar cachorros a través de escaparates o anuncios pagados. Muchas de estas entidades han optado por transformarse en centros de cría responsable, priorizando la salud genética de las razas y derivando los excedentes a refugios y programas de adopción.
Los comercios que antes ofertaban animales han debido diversificar su oferta, ampliando servicios veterinarios, de peluquería, guardería y capacitación. Esta reconversión ha generado nuevas oportunidades de negocio, pero también ha demandado inversiones importantes en capacitación y adecuación de espacios para cumplir con las normas de bienestar.
En cuanto a las organizaciones de protección animal, este marco legal les ha brindado herramientas más sólidas para canalizar rescates y adopciones, además de recibir subsidios destinados a:
- Mejorar la infraestructura de refugios y perreras.
- Implementar campañas de concientización comunitaria.
- Financiar cirugías de esterilización masiva.
No obstante, también se registran desafíos, como el aumento temporal en la demanda de adopciones que puede desbordar la capacidad de los centros de resguardo. Para enfrentar esta situación, muchas ONG han comenzado a desarrollar alianzas estratégicas con municipios y empresas del sector privado, gestionando redes de hogares de tránsito y voluntarios capacitados.
Por otra parte, la fiscalización de la nueva ley ha motivado la creación de brigadas móviles de inspección, compuestas por veterinarios y representantes del Ministerio de Ambiente. Estas fuerzas recorren mercados populares y ferias artesanales en busca de casos de venta clandestina, emitiendo actas de infracción al instante y proponiendo medidas de corrección inmediata.
Recomendaciones y alternativas para una adopción responsable
Ante un contexto donde la venta de mascotas quedó proscripta, los consumidores interesados en sumar un nuevo integrante a su familia tienen varias vías legítimas y seguras para hacerlo:
- Contactar refugios y fundaciones que operen con protocolos de preselección y seguimiento posadopción.
- Inscribirse en ferias de adopción oficializadas por gobiernos locales.
- Utilizar plataformas digitales autorizadas por el registro nacional de entidades protectoras.
Al momento de optar por la incorporación de un perro, gato u otra especie, es vital evaluar el estilo de vida, el espacio disponible y el tiempo que se le destinará. La compatibilidad entre el adoptante y el animal es un factor determinante para evitar devoluciones y situaciones de abandono.
Además, se aconseja realizar una consulta veterinaria previa, que incluya exámenes de salud básicos y programas de puesta al día de vacunas y desparasitación. Estas instancias no solo garantizan el bienestar del nuevo miembro de la familia, sino que también permiten identificar posibles necesidades especiales o trastornos de comportamiento que puedan requerir entrenamiento específico.
Por último, es recomendable informarse sobre los beneficios de la esterilización temprana, tanto para prevenir camadas no deseadas como para reducir riesgos de enfermedades crónicas. Gracias a los subsidios estatales, este procedimiento se encuentra al alcance de una mayor cantidad de hogares, promoviendo a su vez un control poblacional ético y planificado.
En definitiva, la transición de un modelo de compraventa a un esquema centrado en la adopción y el respeto por los derechos animales representa un paso trascendental en la legislación argentina de 2025. Cumplir con la normativa, más allá de ser una obligación legal, significa contribuir activamente al bienestar de millones de mascotas y a la construcción de una sociedad más responsable y solidaria.