Contexto normativo y legado autoritario en Argentina
Para comprender por qué existen todavía leyes de la dictadura que siguen vigentes en el año 2025, es imprescindible remontarse al periodo del Proceso de Reorganización Nacional. Durante esos años, la Junta Militar dictó decretos ley y normas de excepción que rediseñaron el Estado, reformaron ministerios y crearon mecanismos de control social y económico. Tras el retorno a la democracia, muchas de esas disposiciones quedaron incorporadas al ordenamiento jurídico nacional sin ser derogadas. Esa pasividad legislativa permitió que fragmentos de ese entramado legal subsistan, afectando la normativa vigente.
El Estado democrático de hoy convive con instrumentos legales del régimen militar que permanecen activos. Aunque buena parte de las leyes penales de excepción fueron eliminadas, otras siguen ofreciendo un marco que tensiona garantías constitucionales. Para advertir dicha permanencia, basta revisar compilaciones de leyes y decretos leyes emitidos entre 1976 y 1983: algunos derivan en rezagos en la organización del Poder Ejecutivo o en la regulación de recursos naturales, energía, industria o seguridad social.
Por otra parte, gran parte de la sociedad civil desconoce el alcance real de esas normas autoritarias hoy vigentes. La falta de difusión e investigación académica profunda —y la complejidad de los textos legales— conspiran contra la plena conciencia ciudadana. De allí surge la importancia de evaluar, desde una perspectiva crítica, cuáles de esas disposiciones todavía limitan derechos y cómo se manifiestan en la práctica.
En esta primera parte del análisis responderemos puntualmente: ¿qué leyes de la dictadura siguen vigentes? A su vez, analizaremos su génesis y el modo en que ingresaron al corpus legal contemporáneo sin haber sufrido modificaciones sustanciales ni debates parlamentarios adecuados.
Principales normativas heredadas del Proceso de Reorganización Nacional aún en vigor
A continuación, presentamos una selección de normas decretadas bajo la última dictadura militar que no fueron derogadas y continúan formando parte de la legislación argentina. Cada una de estas disposiciones, aun cuando haya sido modificada parcialmente, conserva su espíritu original autoritario y sus facultades de excepción.
Entre las leyes y decretos más relevantes podemos mencionar:
- Ley 21.260 (Autoamnistía): concedía impunidad a los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad por violaciones a derechos humanos. Si bien fue derogada en lo penal, su texto aun figura en ordenamientos oficiales sin contarse en los registros de derogaciones formales.
- Decreto-Ley 22.520 (Ley de Ministros): reorganizó el Poder Ejecutivo creando ministerios y secretarías de manera discrecional, sin control parlamentario. Sus estructuras básicas permanecen.
- Decreto-Ley 20.247: delimitó la jurisdicción federal en provincias del norte argentino atribuyendo facultades extraordinarias al Ejecutivo nacional.
- Decreto-Ley 21.439: reformó el régimen de jubilaciones militares y de seguridad, dotando de beneficios especiales que persisten hoy en el estatuto previsional.
- Decreto-Ley 22.788: estableció el régimen interno y de instrucción para las Fuerzas Armadas, con reglamentos que hoy resultan poco compatibles con estándares internacionales de derechos humanos.
- Decreto 999/77: creó el Ministerio de Bienestar Social, institución con lineamientos que luego subsumieron políticas de ayuda social bajo tutela del Ejecutivo.
Además de esas normativas puntuales, existen cientos de decretos de necesidad y urgencia (DNU) que, aunque dictados en democracia, retoman criterios de excepción similares a los militares. Su uso frecuente acentúa la pervivencia de lógicas de concentración de poder en el presidente de la Nación.
Es importante destacar que varias de estas leyes del régimen militar no solo quedaron en vigencia, sino que muchas fueron actualizadas sin modificar su esencia. Algunas facultan al Ejecutivo a intervenir administrativamente territorios, otras mantienen prestaciones previsionales diferenciadas para militares y policías, y varias delegan en el Poder Ejecutivo competencias legislativas que corresponderían al Congreso.
Adicionalmente, la ausencia de un proceso legislativo que jerarquice la eliminación de normas obsoletas o contrarias a la Constitución vigente posibilita que aún subsistan leyes de excepción de la última dictadura. Por eso, más allá de la revisión formal, se requiere un abordaje sistemático para identificar y derogar lo que atenta contra la democracia y los derechos fundamentales.
Impacto de las reglas autoritarias en derechos humanos y garantías constitucionales
La vigencia de esas leyes de la dictadura acarrea consecuencias directas sobre garantías que la Constitución Nacional tutela. Cuando el Ejecutivo dispone de potestades extraordinarias sin contrapesos eficaces, se debilita el principio de separación de poderes. Complementariamente, sucede una erosión de los derechos sociales y la tutela judicial efectiva.
En materia de derechos humanos, varias disposiciones de aquella época omitían estándares de debido proceso, tipificaban delitos indeterminados y preveían penas arbitrarias. Aunque ciertas leyes penales de excepción fueron reemplazadas, subsisten reglamentos que permiten detenciones prolongadas sin control judicial estricto, así como intervenciones de fuerzas de seguridad bajo pretextos de orden público.
El sistema previsional especial para las Fuerzas Armadas y de Seguridad —heredado del Proceso de Reorganización Nacional— propicia desigualdades. Mientras el régimen general se rige por criterios de contributividad, aquél contempla beneficios como jubilaciones anticipadas y plus por “actividad de riesgo”, sin equivalentes para otros sectores. Este tratamiento diferenciado tensiona el principio de igualdad ante la ley.
Otro aspecto crítico es la persistencia de disposiciones ambientales y de recursos naturales diseñadas para favorecer industrias estratégicas con mínimo control ciudadano. Dicha asimetría impacta en comunidades y ecosistemas locales que carecen de instrumentos jurídicos actualizados para su defensa.
En definitiva, aunque vivimos en una sociedad democrática, la coexistencia con normas autoritarias vigentes condiciona la suficiente protección de garantías básicas. El desafío consiste en identificar los vacíos jurídicos y promover su derogación o reemplazo por leyes que reflejen principios de transparencia, participación y respeto a los derechos humanos.
La persistencia de estas leyes de excepción —muchas de las cuales no fueron sometidas a debate público— también evidencia la necesidad de una revisión crítica de nuestro patrimonio normativo. Solo así podremos aspirar a un sistema legal plenamente coherente con los valores democráticos que juramos en la Constitución.
Reformas parciales, obstáculos políticos y propuestas ciudadanas
A lo largo de las últimas dos décadas se han impulsado iniciativas para derogar o modificar ciertas normativas de origen militar. Sin embargo, la mayoría sufrió bloqueos en comisiones legislativas, resistencias partidarias o quedó trunca por cambios de gobierno. La voluntad formal de reforma suele chocar con intereses políticos y económicos que prefieren conservar estructuras de poder centralizadas.
Uno de los intentos más destacados fue la creación de una comisión bicameral encargada de revisar los Decretos-Ley dictados entre 1976 y 1983. La propuesta incluía la obligación de presentar un informe exhaustivo, evaluar la constitucionalidad de cada norma y recomendar derogaciones. No obstante, la comisión nunca pudo completar su mandato por falta de quórum y por la oposición de legisladores que argumentaban sobrecarga de trabajo.
En paralelo, organizaciones de derechos humanos y especialistas en derecho constitucional realizaron talleres, foros y publicaciones académicas para visibilizar estas leyes de la dictadura que continúan activas. Su aporte impulsó proyectos de ley con alcance moderado, centrados en la derogación de normas penalmente lesivas. Pese a ello, esos proyectos no prosperaron en el recinto.
Entre las dificultades más mencionadas figuran:
- Falta de una prioridad política que trascienda ciclos electorales.
- Complejidad técnica para identificar y analizar miles de decretos.
- Resistencia de sectores vinculados a las Fuerzas Armadas y de Seguridad.
- Inercia legislativa y escasa visibilidad pública del problema.
En contraste, existen experiencias provinciales donde se avanzó más decididamente. En algunas jurisdicciones del norte y litoral se derogaron decretos ley que otorgaban al Ejecutivo facultades de veto sobre ordenanzas municipales. Estas derogaciones locales demostraron que, con voluntad política y movilización ciudadana, es posible eliminar normas de raíz autoritaria.
Asimismo, en varias universidades nacionales se dictaron cursos de actualización dirigidos a funcionarios judiciales y legisladores con el fin de capacitar en identificación de normas obsoletas. El objetivo es diseñar protocolos de revisión para que cada ministerio realice auditorías legales periódicas. Aunque es una herramienta prometedora, aún está en fase piloto.
En definitiva, el proceso de reforma se ve obstaculizado por la suma de intereses y la ausencia de una política de Estado sostenida. Sin embargo, los resultados parciales muestran que, con trabajo técnico y articulación social, es posible ir achicando el margen de vigencia de esas normas.
Hacia una agenda de derogaciones y modernización legislativa
Para construir un marco normativo plenamente democrático, la Argentina requiere una agenda de derogaciones que incluya todos los textos emanados del régimen militar incongruentes con la Constitución de 1994 y los tratados internacionales de derechos humanos. Esa hoja de ruta debería contemplar tres etapas:
Primero, un diagnóstico exhaustivo que catalogue cada decreto ley, ley y disposición de la dictadura. Segundo, la elaboración de un plan de derogaciones selectivas priorizando las normas que vulneran derechos fundamentales. Tercero, la sanción de leyes de reemplazo que, con tecnología jurídica de última generación, aseguren transparencia, participación social y control parlamentario.
La participación ciudadana es clave: organizaciones sociales, universidades, colegios profesionales y municipios deben ser convocados a mesas de trabajo. La experiencia recogida en otros países de la región demuestra que las comisiones de la verdad legislativas pueden coadyuvar en este proceso, aportando perspectiva histórica y técnica.
Un elemento central es la digitalización del acervo normativo y la publicación de plataformas abiertas donde la ciudadanía pueda consultar, comentar y proponer modificaciones. Con estas herramientas, la revisión de las leyes de origen militar dejará de ser un ejercicio académico para convertirse en un proceso democrático de largo aliento.
Finalmente, es esencial reforzar los mecanismos de control parlamentario para evitar la emergencia de nuevas normas de excepción. Esto implica regular con mayor rigor el uso de DNU, restablecer debates de comisión con plazos más estrictos y fortalecer la autonomía de la Justicia para garantizar la inconstitucionalidad de cualquier futuro decreto que vulnere derechos.
Solo así, Argentina podrá avanzar hacia un sistema legal coherente con los valores democráticos y acorde con las exigencias del siglo XXI, despejando definitivamente el legado autoritario que aún pervive en sus leyes.