Durante la Década Infame, un periodo clave en la historia política y social de Argentina, emergió un núcleo de poder que promovió un conjunto de normas laborales que transformaron la relación entre el Estado y los trabajadores. Se suele aludir a esta corriente de gobierno como la Concordancia, una alianza formada por sectores conservadores, entre ellos la Unión Cívica Radical Antipersonalista y el Partido Demócrata Nacional. Fue esta coalición gobernante la que introdujo reformas como la indemnización por despido y la reglamentación de la jornada laboral, dejando un legado que aún repercute en la legislación laboral vigente.
En 2025, al hacer memoria de aquel entramado político, resulta fundamental analizar en profundidad cómo la alianza dominante de la época configuró el sistema de protección social que conocemos hoy. A continuación, se detallan los antecedentes, las principales disposiciones y las consecuencias más relevantes que dejó este gobierno que impulsó las primeras regulaciones obreras durante aquel período turbulento de la historia argentina.
Contexto histórico y surgimiento de la alianza conservadora
La década de los treinta en Argentina estuvo marcada por la inestabilidad política, golpes de Estado y un fuerte intervencionismo militar en la vida institucional. Tras el derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, se consolidó un nuevo bloque de poder conocido como la Concordancia. Este frente conservador nucleó a
- Unión Cívica Radical Antipersonalista
- Partido Demócrata Nacional
- Partidos provinciales afines al granero y al sector agroexportador
La coalición mantuvo un firme control de las instituciones, promovió elecciones restringidas y ensayó un acuerdo implícito con las fuerzas armadas y los sectores terratenientes. En este ambiente, la cuestión social cobró presencia como factor de control político: regular las condiciones laborales implicaba, al mismo tiempo, contener las protestas y asegurar la confianza de los inversores.
Para el oficialismo de entonces, la creación de un régimen laboral regulado sirvió tanto para ganar legitimidad ante la masa obrera como para perfeccionar un sistema de paternalismo estatal que limitaría la acción sindical autónoma. De aquí surgió un primer conjunto de normas que, sin perder su sello conservador, dio origen a prestaciones básicas en materia de despidos, accidentes de trabajo y descansos.
Evolución de las normativas sobre despidos y jornada laboral
Uno de los cambios más significativos en aquel proyecto de las autoridades de la época consistió en instituir un marco regulatorio para los despidos injustificados. Hasta ese momento, el trabajador estaba prácticamente desprovisto de coberturas frente a una terminación arbitraria de la relación de empleo. En este sentido, la coalición hegemónica introdujo:
- Indemnización por despido: compensación económica proporcional al tiempo de servicio.
- Preaviso obligatorio: período mínimo de aviso previo antes de la finalización del contrato.
- Trámites ante tribunales de trabajo: creación de instancias judiciales especializadas para dirimir conflictos.
Además, se registraron avances en la limitación de la jornada laboral. Si bien la ley de jornada de ocho horas había sido sancionada de modo incompleto años antes, el régimen oficialista contribuyó a su reglamentación efectiva. Esto incluyó:
- Revisión de excepciones para tareas de vigilancia y transporte.
- Multas para empleadores que excedieran el tope sin autorización.
- Facultad del Ministerio de Trabajo para inspeccionar locales y establecimientos.
Con estas disposiciones, los impulsores de la normativa laboral en la época infame pretendieron exhibir un rostro moderno, donde el Estado asumía la responsabilidad de velar por la salud y el descanso del asalariado. Sin embargo, el alcance real de estas medidas varió según la región y la correlación de fuerzas sindicales.
Impacto social y rol de los sindicatos ante las nuevas regulaciones
La llegada de un paraguas legal para la clase trabajadora tuvo efectos mixtos. Por un lado, se incrementó la expectativa de que el Estado actuara como garante de un mínimo de derechos, y surgieron órganos de conciliación obligatoria. Por otro, la práctica de la política de la década infame —marcada por el fraude electoral y la represión— contuvo la autonomía gremial y disuadió huelgas masivas.
Formación de polos sindicales
Ante la reglamentación estatal, las centrales obreras se reorganizaron de distintas maneras:
- Pacto de unidad entre organizaciones industrialistas: acuerdospara negociar convenios colectivos.
- Creación de comisiones mixtas: donde participaban delegados gremiales y funcionarios.
- Reproche desde sectores radicalizados: grupos que acusaban al gobierno de usar la legislación como herramienta de disciplinamiento.
La naciente Confederación General del Trabajo (CGT) mostró una conducta cautelosa. Si bien admitió en parte las normas aprobadas por la alianza política dominante, luchó para que la supervisión estatal no se convirtiera en un instrumento de sujeción. Bajo aquel escenario, algunos sindicatos lograron mejores convenios, mientras que otros quedaron relegados a un mero trámite administrativo.
Percepción de los trabajadores
En barrios obreros y nucleamientos fabriles, la opinión sobre las disposiciones estatales oscilaba entre el optimismo y el escepticismo. Voceros de la prensa obrera solían celebrar la incorporación de derechos básicos, pero advertían la falta de voluntad real para hacer cumplir la ley. El contraste era fuerte: en las grandes ciudades se denunciaban inspecciones de fantasía, mientras que en el interior del país la presencia del Ministerio de Trabajo era casi inexistente.
El legado de aquella reglamentación en la legislación argentina
Más allá de las intenciones originales, la legislación inaugurada por el bloque conservador dejó una huella profunda en el sistema jurídico-laboral de la Argentina. Varios de los conceptos acuñados en aquel entonces siguen vigentes o fueron tomados como punto de partida para reformas posteriores:
- Fuero de los trabajadores: protección ante despidos masivos por motivos políticos o sindicales.
- Accidentes de trabajo: criterio de responsabilidad patronal objetiva.
- Sistema de conciliación previa: requisito para iniciar demandas laborales.
- Inspección laboral: institución que persiste como ente fiscalizador.
Con el advenimiento de gobiernos posteriores, especialmente durante las gestiones de corte social y estatista, se amplió el contenido de estos postulados. Sin embargo, la base conceptual —adaptada y reinterpretada— encuentra sus raíces en aquel momento histórico en que el grupo político hegemónico imprimió un sello inicial sobre la protección del asalariado.
En nuestra actualidad de 2025, al repasar las normas del Código de Trabajo y sus sucesivas modificaciones, se advierte que muchos de los principios de la era infame siguen influyendo en:
- Multas por infracciones laborales.
- Mecanismos de conciliación digital obligatoria.
- Regulación de la subcontratación y tercerización.
- Políticas activas de empleo a cargo del Ministerio.
Así, ese esquema inicial se transformó en un andamiaje que ha resistido crisis económicas, cambios políticos y nuevos desafíos tecnológicos. Si bien la percepción de la política laboral de aquellos años siempre estará cruzada por el contexto autoritario y antidemocrático, su impronta institucional logró sobrevivir y ser reinventada por sucesivas generaciones de legisladores y juristas.
En definitiva, la memoria viva de aquel grupo que durante la década infame propició las primeras leyes laborales es accesible hoy tanto en los tribunales como en los libros de estudio de derecho laboral. Su carácter pionero, si bien empañado por la falta de transparencia y las irregularidades políticas, sentó las bases de un régimen laboral que, con matices y reformas, sigue vigente en el sistema argentino de 2025.