Antecedentes y alcance de la iniciativa legislativa
En 2025, el proyecto de ley en debate en el Congreso nacional de Argentina adquiere una relevancia histórica: pretende modernizar el marco regulatorio en torno a la protección de datos personales y a la gobernanza de la inteligencia artificial. Esta iniciativa parlamentaria surge a raíz de la necesidad de armonizar la legislación argentina con estándares internacionales y de resolver vacíos legales que la tecnología emergente fue dejando a su paso.
La discusión actual toma impulso luego de que organismos como la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP) y expertos en derecho digital presentaran un anteproyecto para reforzar la Ley 25.326 de Protección de Datos Personales, incorporando nuevos capítulos específicos sobre algoritmos, sistemas de aprendizaje automático y perfiles digitales.
En los últimos años, el país enfrentó desafíos vinculados a la recolección indiscriminada de datos por parte de empresas, así como a procesos de automatización en áreas sensibles (salud, finanzas y servicios públicos). Por eso, la propuesta normativa busca ordenar de manera sistemática las obligaciones de quienes procesan información personal y, a la vez, establecer pautas claras para el uso ético de la IA.
¿De qué trata esta iniciativa en términos concretos? Básicamente, se propone:
- Definir y ampliar la noción de datos sensibles en el entorno digital.
- Obligar a que toda plataforma tecnológica implemente guías de transparencia y auditorías periódicas.
- Establecer un régimen de sanciones y multas para aquellos que incumplan las nuevas disposiciones.
- Crear un organismo de control con autonomía técnica y financiera.
De manera sintetizada, el plan legislativo en discusión responde a tres grandes ejes: seguridad jurídica, transparencia en el uso de datos y protección de derechos ciudadanos. Con esa base, la Cámara de Diputados y Senadores avanzan en audiencias públicas y consultas con especialistas de la sociedad civil.
Este cuerpo normativo no sólo se limita a lo digital: también prevé lineamientos para el intercambio de información entre organismos estatales y la relación con empresas privadas que brinden servicios en la nube. De aprobarse en los términos actuales, estará llamado a convertirse en uno de los pilares del desarrollo tecnológico nacional para la próxima década.
Principales objetivos de la propuesta normativa
La reforma busca articular un marco jurídico coherente con la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y las mejores prácticas de la OCDE y la Unión Europea. Entre sus metas fundamentales se destacan:
1. Actualización conceptual: Redefinir categorías clásicas como “dato personal” y “dato sensible” para incluir información generada por dispositivos inteligentes, sensores IoT y biometría.
2. Transparencia algorítmica: Exigir a proveedores de servicios de IA que informen sobre criterios, parámetros y parámetros de entrenamiento de modelos, garantizando el derecho de acceso de los usuarios a explicaciones comprensibles.
3. Fortalecimiento institucional: Crear un Ente Nacional de Protección y Control de Datos, con facultades para inspecciones, dictar resoluciones vinculantes y aplicar sanciones disuasorias.
4. Promoción de la innovación: Incluir un capítulo especial que incentive el desarrollo de “Zonas de Prueba Reguladas” (Regulatory Sandboxes) para startups tecnológicas, con exenciones transitorias a obligaciones burocráticas.
5. Cooperación federal: Coordinar con las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para homogeneizar criterios y evitar superposiciones de normativa local, asegurando una aplicación uniforme en todo el territorio nacional.
Aspectos económicos y tributarios de la regulación
Un punto clave del anteproyecto es su potencial impacto en las finanzas públicas y en la estructura de costos de las compañías. Al considerar los recursos que los proveedores de servicios digitales deberán destinar a compliance y auditorías, el Poder Ejecutivo y el Congreso analizan la capacidad real de inversión de las PyMEs.
En términos fiscales, se propone la creación de un Fondo Nacional de Protección de Datos, financiado con
- Una tasa especial sobre empresas que manipulen grandes volúmenes de información (Big Data).
- Contribuciones de los prestadores de servicios de IA y cloud computing.
- Recursos provenientes de multas por incumplimiento.
Este fondo, según la iniciativa, estará destinado a:
- Capacitación de funcionarios públicos y fuerzas de seguridad en materia digital.
- Promoción de campañas de sensibilización ciudadana sobre derechos de privacidad.
- Subsidios para proyectos académicos y de investigación vinculados a ciberseguridad.
La AFIP y la Secretaría de Innovación Pública, por su parte, deberán acordar mecanismos de fiscalización de los ingresos derivados de estos gravámenes, asegurando que no se solapen con otros impuestos vigentes ni generen complicaciones en la cadena de valor tecnológica.
Por último, la propuesta normativa incorpora incentivos fiscales para aquellas empresas que adopten estándares de gobernanza de datos certificados por organismos internacionales, en un intento de posicionar a Argentina como destino atractivo para inversiones en el sector tech.
Obligaciones para el sector privado y el ecosistema tecnológico
La iniciativa impone responsabilidades específicas para proveedores de plataformas, desarrolladores de software y responsables de procesos de IA. Entre las más relevantes se encuentran:
- Registro obligatorio: Inscripción previa en un registro nacional de manipuladores de datos.
- Evaluaciones de impacto: Realización de estudios de riesgo antes de implementar tecnologías de reconocimiento facial, análisis predictivo o sistemas de scoring.
- Política de privacidad: Publicación de términos y condiciones claras, redactadas en lenguaje accesible, con alerta destacada en caso de uso de datos sensibles.
- Remediación y reparación: Procedimientos formales para atender y resolver reclamos de afectados en plazos establecidos.
- Auditorías externas: Contratación de entidades independientes acreditadas para revisar el cumplimiento.
Este conjunto de normas busca disciplinar a los actores tecnológicos sin ahogar la creatividad ni la inversión. Para ello, el anteproyecto incluye un apartado de posteriores ajustes regulatorios que permite flexibilizar ciertos requisitos ante cambios rápidos del mercado.
Además, se prevé la conformación de mesas de diálogo público-privadas, donde empresas del sector podrán presentar propuestas de mejora y acordar plazos de implementación escalonada, priorizando a PyMEs y emprendedores.
Protección de la privacidad y garantías ciudadanas
Con el objetivo de reforzar los derechos de las personas, la iniciativa establece un marco robusto de garantías que supera la actual normativa. Entre otros puntos, se destacan:
Derechos ARCO y nuevos estándares
La propuesta de ley amplía los tradicionales derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) para incluir:
- Portabilidad de datos: Derecho a recibir la información en un formato reutilizable y a transferirla a otro proveedor sin obstáculos.
- Explicación razonada: Acceso a una justificación clara sobre resultados de algoritmos que afecten derechos fundamentales.
- Desconexión digital: Derecho a solicitar la eliminación permanente de perfiles y metadatos en procesos automatizados.
Se introduce también el concepto de “derecho al olvido proactivo”, con facultades para que la autoridad de control exija la eliminación de datos obsoletos o irrelevantes aun sin petición expresa del titular.
La normativa contempla mecanismos de reparación integral para quienes hayan sido perjudicados por decisiones algorítmicas injustas, incluyendo indemnizaciones y medidas de restablecimiento de reputación.
Retos y críticas en el debate público
No todo el arco político y empresarial acompaña sin objeciones el avanzado anteproyecto. Algunos de los principales cuestionamientos giran en torno a:
- Complejidad burocrática: El gran número de registros y autorizaciones podría generar cuellos de botella.
- Carga económica: Las multas y obligaciones podrían ser especialmente gravosas para las PyMEs y startups.
- Seguridad estatal: Grupos defensores de la privacidad advierten sobre el riesgo de concentración de datos en manos del Estado.
- Adecuación tecnológica: Dudas sobre la capacidad de las empresas argentinas para cumplir con auditorías externas y certificaciones internacionales.
En contraste, academias y organizaciones de la sociedad civil celebran la voluntad de modernización y la introducción de estándares elevados de responsabilidad. Sin embargo, coinciden en que será clave proveer recursos y formación para evitar que el nuevo esquema termine concentrando el negocio de datos en unos pocos jugadores con suficiente músculo financiero.
La Cámara baja y la Comisión de Sistemas, Medios y Libertad de Expresión debatieron en audiencias a representantes de WhatsApp, Facebook, Google Cloud y startups locales, recogiendo un abanico de opiniones que servirá para definir la redacción final en un dictamen unificado.
Futuros pasos y posibles escenarios de sanción
En la recta final del proceso legislativo, el anteproyecto pasará por varias instancias:
1. Lectura en comisiones conjuntas de Justicia, Presupuesto y Ciencia y Tecnología.
2. Votación en el recinto de la Cámara de Diputados.
3. Revisión y eventual enmienda en el Senado.
4. Aprobación definitiva y firma presidencial.
En caso de sanción, el cronograma prevé una implementación escalonada, con un plazo de hasta 18 meses para cumplimiento pleno de todas las obligaciones. El nuevo Ente Regulador tendrá capacidades sancionatorias que van desde apercibimientos hasta multas millonarias y, en casos extremos, suspensión temporal de actividades.
Asimismo, se anticipa la firma de convenios de cooperación con organismos semejantes de países limítrofes, buscando generar una red regionale de control y garantía de libertades digitales.
Con la mirada puesta en 2026 y 2027, especialistas vaticinan que esta reforma podrá catapultar a Argentina como líder regional en materia de derechos digitales y regulación de tecnologías de vanguardia, siempre y cuando se superen los retos presupuestarios y administrativos que ya formulan sus críticos.