Antecedentes y contexto del programa
En Argentina, la inclusión previsional ha sido un objetivo central de las políticas sociales desde hace décadas. Con la sanción de la ley 26.970 en 2025, se estableció un mecanismo específico para garantizar que trabajadoras y trabajadores que no habían completado los años de aportes mínimos pudieran acceder a una jubilación mínima digna. Este programa surge tras varios debates legislativos y técnicos, orientados a corregir inequidades históricas en el sistema de seguridad social.
La historia de las reformas previsionales en el país muestra un proceso de ampliación de coberturas y ajustes para las franjas más vulnerables de la población. Antes de esta norma, muchas personas que desempeñaron tareas en la economía informal o en empleos donde no se registraban aportes, quedaban fuera del sistema. La ley 26.970 representó un cambio de paradigma al reconocer el trabajo no regularizado.
El contexto económico de 2025, con tensiones inflacionarias y desajustes en las cuentas públicas, obligó a diseñar un plan que fuera sostenible en el tiempo. Por eso, se incluyeron mecanismos de financiamiento escalonado y cláusulas de revisión periódica. De ese modo, el Estado nacional, las provincias y los municipios confluyeron para subsidiar parcialmente las contribuciones previsionales que permitieran regularizar la situación de miles de personas.
¿En qué consiste el plan de inclusión previsional?
El programa establecido por la ley 26.970, cuyo propósito es garantizar una pensión mínima para quienes nunca o parcialmente aportaron al sistema, funciona como una puerta de entrada al régimen previsional. A través de aportes extraordinarios y bonificaciones mensuales, se completa el historial laboral de cada beneficiario hasta alcanzar el mínimo de 30 años de contribuciones que exige la legislación argentina.
Esta iniciativa no solo cubre a trabajadores informales, sino también a quienes tuvieron interrupciones prolongadas de aportes, ya sea por desempleo, trabajo de cuidado no remunerado o enfermedad prolongada. La ley prevé la posibilidad de obtener créditos con tasa subsidiada para financiar las cuotas faltantes, así como la co-participación de organismos provinciales y municipales para reducir el costo fiscal.
Desde un punto de vista operativo, el programa se articula con la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), que es el ente encargado de validar los períodos de aportes y percibir las solicitudes. El plan de inclusión previsional incorpora un carácter “retroactivo parcial”: permite recategorizar hasta 10 años de aportes no declarados siempre que puedan acreditarse mediante pruebas documentales o testimoniales.
Una de las claves del proyecto es su enfoque de protección social integral. No se trata únicamente de pagar una cuota más o menos elevada para completar aportes, sino de generar conciencia sobre la importancia de la previsión. Por eso, se complementa con talleres de educación previsional y servicios de asesoramiento gratuitos en oficinas de ANSES y centros comunitarios de todo el país.
Requisitos para acceder al beneficio
Para formar parte de este dispositivo de inclusión previsional, cada aspirante debe cumplir ciertos requisitos básicos:
- Edad mínima: Tener 60 años o más (hombres) y 55 años o más (mujeres) al momento de la solicitud.
- Residencia efectiva: Acreditar un mínimo de cinco años de residencia continua en territorio argentino.
- Ausencia de cobertura: No contar con otra jubilación o pensión contributiva o haberla perdido por incumplimiento de aportes.
Además de estos mínimos, el plan contempla requisitos especiales para ciertos grupos prioritarios, como personas con discapacidad, trabajadoras de casas particulares y víctimas de violencia de género. En estos casos, las condiciones de edad se flexibilizan hasta los 50 años cumplidos (mujeres) y se habilita la imputación de aportes por tareas de cuidado acreditadas por organismos sociales.
Es fundamental, asimismo, no estar alcanzado por programas previsionales anteriores que ya hubieran cancelado la deuda de aportes o que impliquen compatibilidad con este plan. El objetivo es evitar duplicidades y asegurar que los recursos lleguen a quienes realmente necesitan una reparación previsional.
Documentación y pasos para la solicitud
La tramitación del plan de inclusión previsional se realiza en la sede de ANSES o mediante el portal oficial MiANSES. Aunque existen vías digitales, se recomienda la presentación presencial en casos complejos o con antecedentes laborales en varias jurisdicciones.
- Documento Nacional de Identidad (original y copia).
- Formulario PS 2.72 debidamente completado y firmado.
- Comprobantes de domicilio (facturas de servicios, certificado de domicilio o similar).
- Pruebas de aportes previos (liquidaciones de sueldo, recibos de monotributo, libros de salarios sellados).
- Certificados médicos o informes sociales, en caso de acceder por discapacidad o situación de vulnerabilidad.
Una vez reunida la documentación, el interesado debe solicitar turno en ANSES a través de la línea 130 o en la web oficial. Al presentarse, un gestor validará los datos y solicitará informes complementarios si es necesario. Luego de esa etapa, la solicitud ingresa a un proceso de evaluación que puede durar entre 30 y 60 días hábiles.
Durante el periodo de análisis, ANSES se coordina con la AFIP y los organismos provinciales para verificar aportes no declarados y cotejar certificados. Es posible que se requiera la comparecencia de testigos o la presentación de declaraciones juradas para sustentar años de trabajo informal.
Terminada la evaluación, el solicitante recibe una notificación con el resultado. En caso de aprobación, se indica el plan de pagos, el monto de la cuota a abonar y el cronograma para la percepción de la jubilación mínima. Si hubiera observaciones, se detallan los puntos a subsanar y un nuevo plazo para completar la documentación faltante.
Beneficios y alcances del plan
El principal beneficio del plan es la posibilidad de acceder a una jubilación mínima garantizada, que para 2025 equivale a un porcentaje del haber mínimo que fija la ley de movilidad. Ese importe se actualiza cada trimestre conforme al índice de movilidad previsional, evitando que la inflación erosione el poder de compra de los jubilados.
Además, los inscriptos reciben cobertura de obra social y acceso a prestaciones de salud similares a las de cualquier beneficiario contributivo. Esto incluye atención médica, odontológica y provisión de medicamentos de acuerdo con los planes nacionales. Así, se logra un tratamiento equiparable al que reciben quienes aportaron regularmente.
Otro alcance importante es la generación de un historial laboral regularizado. Aquellas personas que inicien el esquema de pagos podrán, si así lo desean, seguir cotizando hasta mejorar su futura prestación. Esto resulta atractivo para quienes planean continuar trabajando más allá de la edad mínima y desean incrementar el monto de su jubilación.
El programa también incorpora un componente de formación y capacitación. A través del Ministerio de Trabajo y de entidades sindicales, se ofrecen cursos gratuitos sobre derechos previsionales, manejo de finanzas personales y asesoramiento sobre trámites. Este enfoque preventivo tiene como fin evitar que nuevos grupos queden fuera del sistema en el futuro.
Finalmente, se contempla la posibilidad de heredabilidad. En caso de fallecimiento del beneficiario, los familiares directos pueden continuar recibiendo una pensión equivalente a un porcentaje del haber que percibía. Esto otorga mayor tranquilidad y seguridad económica a las familias.
Casos especiales, dudas frecuentes y recomendaciones
Existen situaciones particulares que el plan aborda de manera específica. Por ejemplo, las personas que tuvieron períodos de residencia en el exterior pueden computar hasta dos años de aportes mediante convenios bilaterales con determinados países. Para ello, se exige la presentación de certificados de la seguridad social extranjera.
En el caso de las mujeres con interrupciones por maternidad o cuidado de personas mayores, la ley permite imputar aportes especiales por cada hijo nacido vivo o adoptado. Este beneficio reconoce el trabajo de cuidado no remunerado y acorta el período necesario para llegar a la prestación.
Una pregunta frecuente es si quienes cobraron crédito para completar aportes pueden refinanciarlo. La respuesta es afirmativa: existe la opción de prorrogar plazos de pago hasta en 10 años con tasa subsidiada por el Estado nacional. Esto brinda mayor flexibilidad a jubilados con ingresos reducidos.
Para aquellos que desempeñan actividades rurales o en zonas de difícil acceso, se habilitó un esquema de visitas móviles de ANSES. Equipos técnicos recorren departamentos y parajes brindando asesoramiento y recepcionando trámites. De este modo, se reduce la brecha entre el ámbito urbano y el rural.
Es imprescindible conservar copias de toda la documentación presentada y anotar números de expediente y turnos. Esto agiliza posibles reclamos o revisiones posteriores. Además, se recomienda consultar el estado de trámite a través del portal MiANSES y actualizar datos de contacto para recibir notificaciones electrónicas.
Por último, es aconsejable informarse en sindicatos, centros de jubilados y organizaciones de la sociedad civil. Muchas veces, estas entidades ofrecen asesoramiento gratuito y pueden acompañar a los aspirantes durante todo el proceso.