Marco Constitucional de las normas en Argentina
En Argentina, el ordenamiento jurídico se funda en la Constitución Nacional como norma suprema. Todo el sistema normativo gira en torno a este texto fundacional, que establece la estructura de poderes, los derechos y garantías, y el mecanismo para dictar leyes y normas reglamentarias.
La jerarquía normativa en nuestro país se despliega de la siguiente manera, de mayor a menor rango:
- Constitución Nacional
- Tratados Internacionales con jerarquía constitucional
- Leyes dictadas por el Congreso de la Nación
- Decretos del Poder Ejecutivo
- Reglamentos, resoluciones y actos administrativos
Según la doctrina y la práctica del 2025 en Argentina, ningún decreto puede contradecir una ley, pues de hacerlo entraría en colisión con un acto de mayor rango y sería susceptible de control judicial. En consecuencia, la supremacía de la ley sobre los decretos (o “decretos reglamentarios”) muestra de manera inequívoca cuál norma prevalece en el sistema.
El poder constituyente original, presente en la Convención de 1853 y las sucesivas reformas, fue el que confirió al Congreso la exclusiva potestad de sancionar leyes. En contraste, el Poder Ejecutivo sólo cuenta con la facultad de dictar decretos para reglamentar el cumplimiento de esas leyes o, en casos extraordinarios, para delegar facultades legislativas (decretos de necesidad y urgencia), siempre dentro de límites estrictos.
De este modo, la Constitución habilita la emisión de normas de rango inferior (como los reales decretos), pero no le otorga el mismo nivel vinculante ni la misma permanencia ni capacidad normativa que una ley.
Jerarquía normativa: ¿Dónde ubicar la ley y el decreto?
Para entender cuál norma tiene mayor fuerza, es imprescindible visualizar la pirámide jurídica. En la cúspide se erige la Constitución; luego, los tratados; más abajo, las leyes y, finalmente, los decretos y reglamentos.
Lo esencial es saber que una ley prevalece sobre un decreto y que el Poder Ejecutivo no puede, mediante un decreto, modificar o derogar una ley sin intervención del Congreso. Esa compatibilidad se verifica a diario en el control de constitucionalidad y en los mecanismos de revisión de actos administrativos.
Los decretos cumplen funciones específicas:
- Reglamentar detalladamente la aplicación de una ley.
- Asignar competencias y organizar el funcionamiento de la Administración pública.
- En casos excepcionales, dictar normas con fuerza de ley (decretos de necesidad y urgencia, DNU), sujetos a control parlamentario y judicial.
Por ende, la premisa jerárquica indica que la ley ostenta superioridad: sin autorización legislativa previa, el Ejecutivo no puede expandir sus decretos más allá de las funciones reglamentarias.
En la práctica, los tribunales federales analizan con detenimiento si los decretos excedieron esa restricción, especialmente cuando la materia versa sobre derechos fundamentales o asignaciones presupuestarias.
Características y atributos de una Ley
La ley, en el sistema argentino, es el acto jurídico emanado del Congreso de la Nación. Cuenta con varias características distintivas:
- Rigidez formal: requiere aprobaciones bicamerales y promulgación presidencial.
- Publicidad: debe publicarse en el Boletín Oficial para entrar en vigencia.
- Durabilidad: su derogación o modificación depende de una nueva ley.
- Alcance general: regula situaciones de relevancia nacional y obliga a todos los ciudadanos y poderes.
Generar una ley implica un proceso legislativo extenso: presentación de proyectos, dictámenes de comisiones, debate en ambas cámaras, y la firma del Presidente. Todo ello pone de relieve el peso político y social que conlleva una norma de esta naturaleza.
Cuando el Congreso sanciona una ley, define políticas públicas, establece derechos y obligaciones, y fija parámetros presupuestarios. Esa magnitud no es equiparable a la de un decreto, cuya función está delimitada.
Además, la validez de la ley está protegida por jueces que pueden declarar su inconstitucionalidad si contradice la Carta Magna. Lo contrario no ocurre con los decretos: su control gira en torno a la legitimidad de la delegación legislativa y la objetividad en la reglamentación.
Por eso, en términos de jerarquía, la ley representa la columna vertebral del ordenamiento. Sobre ella se soportan los reglamentos y demás actos administrativos.
Real Decreto: definición, alcance y límites
En Argentina, llamamos decreto a cualquier resolución formal dictada por el Poder Ejecutivo. Dentro de esta categoría, existen subtipos:
Decreto reglamentario
Su misión principal es hacer operativo el texto legal. Aclara procedimientos, asigna autoridad a ministerios y precisiones técnicas.
Decreto de necesidad y urgencia (DNU)
Se trata de un instrumento excepcional que permite al Presidente dictar normas con fuerza de ley en situaciones apremiantes, cuando el Congreso no puede sesionar inmediatamente. Estos decretos deben luego ser revisados y convalidados por el Parlamento.
Los límites de los decretos están claramente definidos:
- No pueden alterar derechos sociales, laborales o tributarios establecidos por ley.
- Carecen de independencia presupuestaria: no pueden autorizar gastos sin aprobación del Congreso.
- Dependen de la delegación expresa: sin leyes que habiliten esa facultad, no existen DNU.
Es fundamental destacar que, aunque el Ejecutivo tenga un poder reglamentario amplio, su margen de acción nunca puede contraponerse a la voluntad legislativa. Cualquier intento de excederse encuentra freno en la acción de amparo y en el control de constitucionalidad.
De este modo, el decreto, ya sea reglamentario o de necesidad y urgencia, no posee la misma fortaleza ni la misma estabilidad que una ley aprobada por el Congreso.
Diferencias sustanciales entre ley y decreto
Si buscás comprender en detalle cómo se distinguen ambos institutos, te proponemos una comparativa basada en criterios clave:
- Origen: la ley proviene del Poder Legislativo. El decreto, del Ejecutivo.
- Proceso: la ley requiere trámites parlamentarios; el decreto se dicta de manera más ágil.
- Vigencia: la ley es durable; el decreto es susceptible de ser derogado o impugnado con mayor facilidad.
- Alcance: la ley establece políticas generales; el decreto regula pormenores.
- Control: la ley se somete al control constitucional previo o posterior; el decreto sufre revisión judicial de límites competenciales.
Además, en la práctica, los ciudadanos y las empresas suelen recurrir a asesoramiento especializado cuando se enfrentan a decretos de urgencia, dada la incierta estabilidad que poseen. En cambio, la norma legal genera un marco más predecible.
En términos de fuentes, este contraste resulta imprescindible para quienes trabajan en compliance, derecho administrativo o asesoran en inversiones. Saber qué instrumento prevalece determina la estrategia jurídica.
La cuestión de fondo es que una ley tiene la potestad de crear, modificar o suprimir derechos y deberes, mientras que el decreto, por no revistar la misma categoría, está destinado a detallar y facilitar la aplicación de ese cuerpo normativo mayor.
Casos prácticos: aplicación de leyes y decretos en Argentina
Para interiorizarse en la vida real, ¿cómo impactan estos instrumentos en la gestión pública y en la vida cotidiana?
Imaginemos dos escenarios:
1. Ley de protección de datos personales: sancionada por el Congreso, establece los principios, derechos de los titulares, obligaciones de los responsables de datos y sanciones. Un decreto reglamentario determina los formularios de consentimiento, plazos de conservación y autoridad de control.
2. Decreto de emergencia sanitaria: en 2025, frente a un brote epidémico, el Presidente dicta un DNU que limita temporalmente ciertas actividades y dispone protocolos sanitarios urgentes. Posteriormente, el Congreso ratifica o rechaza ese decreto.
Estos ejemplos ilustran que la ley define el marco y el decreto ejecuta ese marco o, en casos extremos, lo crea temporalmente con validez condicionada a la aprobación legislativa.
Otro caso típico es la reasignación presupuestaria: sólo el Congreso puede votar créditos adicionales. Si el Ejecutivo intenta hacerlo por decreto, la Justicia lo anulará por usurpación de facultades.
Implicaciones prácticas y consideraciones finales
En la práctica profesional, saber distinguir entre ambos instrumentos es clave para diseñar estrategias legales, preparar recursos judiciales o asesorar políticas públicas. El análisis de jerarquía normativa permite:
- Detectar actos administrativos viciados por falta de competencia.
- Plantear recursos de inconstitucionalidad o amparo cuando un decreto invade el campo de la ley.
- Orientar al legislador sobre la necesidad de modificar o precisar leyes existentes.
En síntesis, si te preguntás qué normativa goza de mayor primacía en Argentina en 2025, la respuesta es clara: la ley mantiene un rango superior al decreto. Reconocer esta diferencia te ayudará a navegar con precisión el entramado jurídico, evitar sorpresas y defender tus derechos o intereses con fundamento sólido.
Con este conocimiento, tanto el ciudadano común como el profesional del derecho podrán interpretar y aplicar adecuadamente las normas, garantizando el respeto al principio de legalidad y al equilibrio entre poderes establecido por nuestra Constitución.