Contexto y origen de la figura de la ORT
En el entramado jurídico de la Argentina, la consolidación de diversos mecanismos alternativos de resolución de conflictos se ha convertido en una prioridad. Desde la sanción del nuevo código civil y comercial y sus posteriores reformas, se abrió paso a una pluralidad de figuras innovadoras. Entre ellas, destaca la Oficina de Resolución de Trámites (ORT), un organismo concebido para descomprimir la carga de los tribunales y ofrecer vías ágiles de solución.
Históricamente, la necesidad de acelerar los procedimientos administrativos y judiciales fue evidente. A principios de década, se encendieron debates en el ámbito legislativo porteño y provincial, con especial énfasis en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Allí, se consiguieron los lineamientos fundacionales de lo que hoy conocemos como mecanismo ORT. Inspirado en experiencias europeas y latinoamericanas, pero adaptado a la idiosincrasia argentina, este modelo se consolidó en 2020 y evolucionó hasta 2025.
El rol de la ORT no surgió de la nada: se trató de un esfuerzo conjunto entre el Poder Judicial, la Academia y las organizaciones de la sociedad civil. Las universidades nacionales presentaron propuestas de modernización y digitalización de expedientes, mientras que asociaciones de abogados aportaron su visión sobre cómo mejorar la accesibilidad al derecho y reducir los tiempos de espera.
En paralelo, diversos estudios de impacto demostraron que el acceso tardío a la justicia encarece procesos y genera desconfianza en la ciudadanía. De este modo, la ORT asumió la misión de mediar y eventualmente resolver controversias de carácter minorista o de trámite administrativo, evitando saturar tribunales de mayor complejidad.
Su configuración legal se asienta en normativas provinciales complementadas por decretos y resoluciones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Aun cuando cada distrito ajusta ciertos parámetros, existe un hilo conductor: la eficiencia, la transparencia y la preservación de garantías constitucionales.
Con la llegada de 2025, la órbita de la ORT se ha ampliado sensiblemente, incorporando herramientas de inteligencia artificial para la gestión documental y fortaleciendo la capacitación de operadores en mediación y conciliación.
Definición y concepto legal de la ORT
Si nos preguntamos qué es una ORT en leyes, podemos definirla como un organismo especializado destinado a ofrecer mecanismos de resolución de conflictos y trámites administrativos con menor formalidad que un tribunal tradicional. Se trata de un espacio donde operan mediadores, conciliadores y árbitros certificados.
Su naturaleza híbrida la ubica en una zona intermedia entre lo estrictamente judicial y lo netamente administrativo. A diferencia de un juzgado convencional, la ORT no dicta sentencias en el sentido clásico; en cambio, produce resoluciones ejecutivas de cumplimiento inmediato, siempre que las partes lo acuerden.
La normativa que regula esta figura se fundamenta en:
- Leyes provinciales de procedimientos administrativos: establecen la competencia y los requisitos de impulso.
- Reglamentos de la Corte Suprema de Justicia: fijan parámetros mínimos para la validez de los actos y la capacitación de los funcionarios.
- Decretos y resoluciones del Poder Ejecutivo: complementan con aspectos operativos y tecnológicos.
El concepto de Oficina de Resolución de Trámites abarca tanto la atención de reclamos ciudadanos como la resolución de conflictos contractuales de baja monta. Asimismo, posee atribuciones para realizar inspecciones y emitir informes periciales en casos específicos.
Su marco de actuación contempla el respeto irrestricto de los derechos de defensa y contradicción. Las partes pueden elegir libremente acudir a la ORT, siempre que el objeto del conflicto no supere ciertos topes económicos o no involucre delitos de acción pública.
Funciones principales de la ORT en el sistema jurídico argentino
La oficina de resolución cumple un rol clave en la reorganización de flujos procesales. Sus funciones básicas son múltiples y se distribuyen en tres ámbitos de acción:
- Prevención de litigios: mediante campañas de difusión, asesoría temprana y actividades de capacitación ciudadana.
- Mediación y conciliación: con la intermediación de profesionales especializados que fomentan el diálogo y la construcción de acuerdos.
- Resolución directa: a través de la emisión de laudos sumarios con fuerza de ejecutoriedad.
Adicionalmente, la ORT puede gestionar trámites vinculados a:
- Regularización documental ante organismos públicos.
- Impulso y seguimiento de expedientes administrativos.
- Elaboración de informes técnicos y evaluativos.
Otra función de vital importancia es la de vigilancia de plazos. Al intervenir desde el inicio del conflicto, evita la caducidad de derechos y reduce la tasa de desistimiento por deserción procesal.
En cuanto al servicio al usuario, se implementaron módulos de atención virtual 24/7 y mesas presenciales con amplia cobertura territorial. De este modo, la ORT se consolida como un eje vertebral para la accesibilidad a la justicia en el país.
Procedimientos y competencias de una ORT
Los procedimientos en la ORT se caracterizan por su sencillez y agilidad. El trámite suele iniciarse con la presentación de un formulario simplificado, que puede completarse en línea o en papel. A continuación, se describen las etapas más relevantes:
1. Recepción y evaluación preliminar: un equipo técnico verifica la competencia y la admisibilidad del caso.
2. Notificación a las partes: se envían citaciones electrónicas mediante una plataforma segura, con constancia de lectura.
3. Audiencia de mediación: opcional, pero recomendada. Allí, las partes se reúnen ante un mediador para explorar soluciones amistosas.
4. Conciliación obligatoria: en ciertos conflictos (como arrendamientos urbanos o reclamaciones de consumo), la ley exige un intento previo antes de judicializar.
5. Laudo administrativo: si no hay acuerdo, el árbitro designado emite una resolución tras un análisis febril pero ajustado a derecho.
6. Ejecución y seguimiento: la resolución cuenta con fuerza ejecutiva y puede turnarse a la instancia judicial competente para su cumplimiento forzoso.
Las competencias varían según la jurisdicción, pero en general, la ORT no aborda delitos graves ni controversias de gran cuantía económica. Su espectro se limita a asuntos de baja complejidad y montos máximos establecidos por normativa local.
Importancia de la ORT en la garantía de derechos
Más allá de su valor operativo, la ORT cumple con el propósito de democratizar el acceso a la tutela judicial efectiva. Al recortar plazos y formalidades, se acerca el servicio de justicia a sectores vulnerables y personas de escasos recursos.
Además, al fomentar la mediación, promueve la cultura del diálogo y la resolución pacífica. Esto impacta positivamente en la percepción ciudadana, ya que disminuye la idea de la justicia como un laberinto inaccesible.
Desde una perspectiva de derechos humanos, la ORT facilita:
- El ejercicio del derecho de petición sin costos reducidos.
- La efectiva protección de derechos emergentes, como la tenencia responsable de mascotas o la preservación del medio ambiente urbano.
- La prevención de conflictos laborales menores y la restitución ágil de reintegros.
Asimismo, la implementación de protocolos de atención de mujeres víctimas de violencia de género y de personas LGTBIQ+ garantiza un trato sensible y respetuoso. De este modo, la ORT se alinea con los estándares internacionales de derechos y no simples procedimientos administrativos.
Casos prácticos y ejemplos de aplicación
Para ilustrar cómo opera este mecanismo en 2025, repasemos algunos ejemplos basados en la legislación porteña y bonaerense:
Ejemplo 1: Reclamo por servicios públicos. Un vecino ejerce la vía ordinaria de mediación en la ORT para reclamar deficiencias en el suministro de agua. Tras tres audiencias virtuales, la empresa prestataria acuerda una compensación económica y la reparación en 48 horas.
Ejemplo 2: Disputa vecinal por ruidos molestos. Se inicia mediación comunitaria. Con la intervención de un conciliador, las partes pactan un régimen de convivencia y un cronograma de obras sin recurrir a la Justicia Civil.
Ejemplo 3: Conflicto por contrato de locación. El inquilino solicita la intervención de la ORT para la devolución de un depósito. El laudo ordena la restitución del monto ajustado por índice de precios y fija plazos claros para cada parte.
También existen situaciones atendidas en materia laboral informal, donde trabajadores autónomos logran resarcimientos por incumplimiento de plazos de pago. Todos estos antecedentes confirman la flexibilidad y eficacia de la ORT.
- Optimizando costos
- Reducción de tiempos
- Participación activa de las partes
Estos casos son apenas una pequeña muestra del impacto positivo que la Oficina de Resolución de Trámites ejerce en la vida cotidiana de los ciudadanos.
Retos y perspectivas futuras para la ORT en 2025
Aunque los avances son notables, la ORT enfrenta varios desafíos. Uno de ellos es la homologación normativa entre provincias, para evitar disparidades en montos y procedimientos. Asimismo, persiste la necesidad de mejorar la capacitación continua de mediadores y la uniformidad en protocolos de género.
El uso de la tecnología plantea tanto oportunidades como riesgos. La digitalización de expedientes ha agilizado procesos, pero también exige robustecer la ciberseguridad y garantizar el resguardo de datos personales.
Por otra parte, la concientización ciudadana sigue siendo un escollo. Muchas personas desconocen la existencia de la ORT o la confunden con instancias meramente administrativas sin fuerza resolutiva. Incrementar campañas de difusión y talleres en barrios populares es una tarea pendiente.
De cara al futuro, se proyecta la implementación de:
- Herramientas de inteligencia artificial para análisis de casos y predicción de resultados.
- Un sistema de estadísticas abierto y en tiempo real, que facilite la toma de decisiones políticas.
- Alianzas con universidades y ONG para el desarrollo de proyectos de investigación.
En síntesis, la Oficina de Resolución de Trámites está llamada a consolidarse como un pilar fundamental del acceso a la justicia en la Argentina de 2025. Su evolución dependerá del compromiso interinstitucional, la innovación tecnológica y la formación de capital humano especializado.