¿A qué se refiere operar bajo un mismo marco legal?
En el contexto normativo de Argentina, operar bajo un mismo marco legal implica que distintos sujetos —personas físicas, sociedades, organizaciones sin fines de lucro y proveedores de servicios digitales— deben cumplir con el mismo conjunto de reglas, independientemente de su origen, tamaño o modalidad de operación. Esta uniformidad garantiza la igualdad ante la ley y la previsibilidad jurídica, pilares fundamentales del Estado de Derecho.
Cuando hablamos de “qué se encuentra alcanzado por las mismas leyes”, estamos aludiendo a:
- Las actividades comerciales tradicionales y electrónicas.
- El desarrollo, distribución y comercialización de servicios digitales (plataformas online, apps, mercados virtuales).
- Las operaciones financieras y de crédito ofrecidas tanto por entidades bancarias como por entidades de financiamiento alternativo (fintech).
- La prestación de servicios profesionales (abogados, contadores, ingenieros) sin importar si se realizan de forma presencial o remota.
- Los contratos de trabajo celebrados dentro y fuera del territorio nacional, en particular ante el auge del teletrabajo y la globalización laboral.
La respuesta a la pregunta central —qué está sujeto a las mismas leyes— surge de la aplicación uniforme de la Código Civil y Comercial de la Nación, la Ley de Contrato de Trabajo (LCT) y las normativas tributarias emitidas por la AFIP. Aunque cada regulación tiene sus particularidades, el hilo conductor es la armonización normativa para asegurar que todos los actores cumplan bajo los mismos estándares de conducta y responsabilidad.
Por eso, en este artículo profundizaremos en los distintos sujetos y actividades comprendidos, cómo las nuevas tecnologías son alcanzadas por ese mismo entramado legal y cuáles son las implicancias prácticas para empresas y ciudadanos en 2025, siempre bajo el marco de la legislación argentina.
Entidades y actividades comprendidas en el mismo régimen jurídico
En Argentina, la noción de que diversas entidades y actividades están “bajo la misma ley” se soporta en principios constitucionales (Artículos 16 y 17) y en la jerarquía normativa. Veamos quiénes y qué operaciones están consideradas en este régimen homogéneo:
- Personas humanas: Sujetos de derechos y obligaciones, debiendo registrarse ante AFIP (CUIT) y cumplir con obligaciones impositivas y laborales.
- Sociedades comerciales: Constituidas conforme a la Ley 19.550 de Sociedades Comerciales o al nuevo régimen de la Ley 27.349, con inscripción en IGJ o registros provinciales.
- Cooperativas y mutuales: Reguladas por la Ley 20.337 y sus decretos reglamentarios.
- Organizaciones sin fines de lucro: Asociaciones civiles y fundaciones sujetas a la IGJ o entes de control locales.
- E-commerce y marketplace: Plataformas que conectan oferentes con consumidores, alcanzadas por la Ley 25.065 (comercio electrónico) y por la Ley de Defensa del Consumidor.
- Proveedores de servicios digitales: Aplicaciones, streaming, SaaS, fintech, alcanzados además por la RG 4815 de la AFIP sobre servicios digitales al exterior.
- Prestadores de servicios profesionales: Médicos, abogados, contadores, ingenieros, regulados por sus respectivos colegios profesionales y por la LCT si contratan personal.
- Contratos laborales y teletrabajo: Sujetos a la Ley 27.555 de Teletrabajo y a la LCT, con estándares de remuneración, jornada y desconexión digital.
Esta homogeneidad asegura que no existan vacíos legales por tipo de sujeto o modalidad de prestación. Sea una pyme tecnológica en Córdoba o un profesional independiente en CABA, las normas claves se aplican de igual manera.
Casos específicos: nuevas tecnologías y la uniformidad normativa
La introducción de tecnologías disruptivas plantea desafíos a la hora de determinar qué áreas “quedan incluidas” dentro del mismo marco legal. El Estado argentino, consciente de esta realidad, ha ido adaptando la regulación para cubrir estos desarrollos:
Activos digitales y criptomonedas
Si bien aún no existe una ley específica de criptomonedas, la AFIP emitió marcos de interpretación (RG 4815, y posteriores) que consideran a los exchanges y custodios de activos virtuales como agentes de percepción para el Impuesto al Valor Agregado. Con ello, se confirmó que las operaciones con tokens y monedas digitales quedan sujetas a las mismas obligaciones que otras transacciones financieras.
Blockchain y contratos inteligentes
El Código Civil y Comercial reconoce la voluntad de las partes en los contratos electrónicos. Los smart contracts se evalúan bajo la misma doctrina de validez contractual (consentimiento, objeto, causa) y pueden aportar prueba fehaciente de lo pactado. De esta manera, la tecnología no exime del cumplimiento de las leyes, sino que las integra.
Inteligencia artificial y responsabilidad civil
En el ámbito de responsabilidad, las creaciones de IA (por ejemplo, diagnóstico médico asistido por algoritmos, generación de contenidos) se encuadran en las reglas generales de daño y reparación (Artículos 1066 a 1073 del CCCN). La entidad que provee o explota la IA responde según los mismos criterios que cualquier fabricante o profesional.
Estos enfoques permiten que, a pesar de la innovación constante, no exista un limbo legal donde las leyes argentinas no alcancen. Todas las actividades vinculadas a tecnologías emergentes se integran al entramado jurídico nacional.
Implicancias prácticas para empresas y ciudadanos
¿Qué consecuencias trae esta uniformidad normativa? Tanto para grandes compañías como para emprendedores individuales, entender que “todos están dentro del mismo paraguas legal” se traduce en:
- Responsabilidad tributaria: Registro de libros digitales, presentación de DJ, retenciones y percepciones en plataformas de venta por Internet.
- Obligaciones laborales: Contratos escritos, seguros contra riesgos de trabajo, aportes previsionales, licencias y políticas de desconexión para teletrabajadores.
- Protección de datos personales: Cumplimiento de la Ley 25.326, con protocolos y registros de tratamiento de datos, incluso para chatbots e IA.
- Derechos del consumidor: Políticas de devolución, garantía legal de 6 meses para bienes nuevos, información clara y veraz en e-commerce según la Ley 24.240.
- Cumplimiento societario: Asambleas virtuales o mixtas, informes de gestión y balances digitales, de acuerdo a la IGJ y a la normativa de sociedades.
En la práctica, esto implica que un emprendedor digital en Mendoza deberá:
- Inscribirse ante la AFIP y la Municipalidad correspondiente.
- Implementar un sistema de facturación electrónica.
- Observar las reglas de la Defensa del Consumidor en su plataforma.
- Adherirse a la Ley de Teletrabajo si contrata colaboradores remotos.
La uniformidad facilita la planificación estratégica y la mitigación de riesgos. Al saber que las mismas normas se aplican a toda actividad, las empresas pueden centralizar sus políticas de cumplimiento y aprovechar economías de escala en auditorías y asesoramiento legal.
Desafíos y perspectivas futuras de la armonización legal
Mirando hacia adelante, la clave estará en adaptar la legislación sin fragmentar el sistema. Entre los principales desafíos se destacan:
1. Agilidad normativa: El ritmo de la innovación tecnológica exige una respuesta más rápida de los organismos reguladores para evitar vacíos.
2. Cooperación internacional: Aunque las normas argentinas aplican a todos dentro del territorio, las transacciones globales requieren acuerdos bilaterales y multilaterales para evitar dobles imposiciones y conflictos de competencia.
3. Capacitación y cultura del cumplimiento: Promover en pymes y emprendedores la adopción de buenas prácticas, manuales de procedimiento y el uso de herramientas de compliance digital.
4. Actualización de marcos sectoriales: Transporte autónomo, salud digital, tokens de seguridad, energías renovables: cada sector requerirá ajustes normativos específicos, pero siempre en el marco general del Derecho argentino.
A pesar de estos retos, el principio de que diversas actividades y sujetos “pertenecen al mismo marco legal” es y será el ancla que garantice seguridad jurídica y un terreno de juego equitativo para todos. En 2025, la Argentina continúa fortaleciendo sus instituciones y modernizando sus normas para que la armonía entre innovación y regulación sea cada vez más sólida.