Los mecanismos de poder sin restricciones legales
En 2025, se observa con preocupación cómo ciertos gobiernos adoptan estilos de mando que operan al margen de los marcos normativos. A simple vista, estos regímenes parecen consolidar un liderazgo monolítico, pero funcionan a través de procedimientos bien concretos para anular cualquier barrera institucional.
¿Cómo funciona un gobierno que actúa sin limitaciones legales? La respuesta radica en la suspensión de garantías básicas y en la concentración del poder en manos de un grupo reducido. Primero, se promulgan decretos o disposiciones extraordinarias que sustituyen a las leyes votadas por el Congreso. A continuación, se cercenan las facultades de los tribunales superiores para fiscalizar acciones del Ejecutivo. Finalmente, se establecen normas de excepción, a través de las cuales se pueden confiscar propiedades, restringir libertades individuales y decidir arbitrariamente el rumbo de la administración pública.
Para que estas maniobras prosperen, los líderes deben contar con un aparato leal: ministros, jueces y fuerzas de seguridad alineados con la visión autoritaria. Sin un sistema de pesos y contrapesos efectivo, el jefe de Estado se convierte en legislador, juez y ejecutor al mismo tiempo, lo que provoca una erosión acelerada de la legalidad.
El proceso suele gestarse en varias etapas:
- Establecimiento de un estado de emergencia: se declara una amenaza grave (real o fabricada) y se otorgan poderes extraordinarios al Ejecutivo.
- Anulación de acciones legislativas: se invalidan leyes aprobadas por el Congreso que limiten decisiones presidenciales.
- Control de la Justicia: se depuran jueces críticos, se modifican los mecanismos de nombramiento de magistrados y se crea un sistema de apelaciones insalvable para los ciudadanos comunes.
- Supresión de contrapesos institucionales: se desarticulan organismos de control, defensorías del pueblo y fiscalías independientes.
Estas fases no siempre ocurren de manera lineal: en muchos casos, el Ejecutivo recorta derechos progresivamente, aprovechando distracciones sociales como crisis económicas o amenazas externas. La falta de límites jurídicos facilita que toda norma, por mínima que sea, pueda reinterpretarse en favor del poder central.
Un componente clave de este estilo de gobierno es la invisibilización del propio sistema. Al suprimir la publicidad de los decretos o al relegar las decisiones más controvertidas a oficinas secretas, los ciudadanos pierden la capacidad de conocer y cuestionar las acciones oficiales. De ese modo, la transparencia se anula y con ella la posibilidad de denunciar la arbitrariedad.
Herramientas de control y manipulación social
Más allá de la eliminación de leyes, un régimen que dirige sin reglamentos claros se apoya en un entramado sofisticado para moldear la opinión pública y neutralizar la disidencia. Algunos de los mecanismos más comunes incluyen:
- Propaganda oficial: campañas permanentes en medios estatales y privados afines, donde se exalta la figura del líder y se estigmatiza a la oposición.
- Censura encubierta: bloqueos selectivos de plataformas digitales, persecución a periodistas independientes y cierre de medios críticos.
- Monopolio comunicacional: concentración de licencias de radio y televisión en manos de aliados del gobierno, dificultando voces alternativas.
- Vigilancia masiva: uso de tecnología para espiar comunicaciones privadas, interceptar correos electrónicos y chat de redes sociales.
- Redes de informantes: reclutamiento de ciudadanos dispuestos a reportar actividades contrarias al oficialismo, a cambio de beneficios o inmunidad.
Todos estos instrumentos conforman un sistema de dominación que va más allá de la fuerza bruta: se trata de un control psicológico y cultural, diseñado para imponer una única narrativa. De esta manera, la población interioriza la idea de que no existen otras alternativas políticas y termina resignándose a vivir en un contexto donde no imperan las leyes, sino la voluntad del poder.
En paralelo, se desarrolla un entramado de clientelismo y cooptación social. Los recursos públicos se redistribuyen de forma discrecional, premiando a militantes afines y castigando a quienes osan cuestionar la gestión. Con esto, el régimen se asegura una base de apoyo movilizada y dependiente de su favor, mientras desmoraliza a las franjas de la población que buscan justicia y equidad.
Otro factor determinante es el uso de grupos parapoliciales o milicias civiles, que actúan con total impunidad. Estos colectivos realizan tareas de vigilancia barrial, hostigan a opositores y refuerzan la idea de que la protesta ciudadana será recibida con represión. A su vez, la ausencia de leyes claras sobre el uso de la fuerza habilita a las fuerzas de seguridad a emplear tácticas extremas para coartar manifestaciones, allanamientos y detenciones arbitrarias.
Implicaciones jurídicas desde la perspectiva del derecho argentino
El estilo de gobierno que desconoce las leyes representa una contradicción frontal con la Constitución Nacional y los tratados internacionales suscritos por Argentina. El orden jurídico argentino se asienta en principios inquebrantables:
- Principio de legalidad: ninguna autoridad puede actuar sin amparo de una norma previa.
- Separación de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial deben funcionar de manera autónoma y equilibrada.
- Control de constitucionalidad: las leyes y actos del gobierno están sujetos a revisión por parte de la Corte Suprema y tribunales federales.
Al suprimir estas salvaguardas, un régimen se enfrenta a múltiples figuras penales y administrativas. Entre las principales se destacan:
1. Usurpación de funciones públicas: intervenir competencias exclusivas del Congreso o de la Justicia configura delitos penales tipificados en el Código Penal.
2. Violación de garantías individuales: la represión sistemática a manifestantes, la censura y la vigilancia aberrante vulneran derechos amparados en el artículo 18 de la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
3. Abuso de autoridad: dispensar beneficios o castigar arbitrariedades sin respaldo legal puede desencadenar procesos de juicio político e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
El sistema judicial argentino, a pesar de sus limitaciones, dispone de herramientas para frenar estos atropellos. El recurso de amparo y la acción de inconstitucionalidad permiten a ciudadanos afectados plantear ante la Corte Suprema la necesidad de restablecer la vigencia de las normas con rango de ley. Asimismo, las denuncias penales contra funcionarios que promulguen disposiciones fuera de la ley pueden generar causas de alto impacto.
Por otra parte, la comunidad jurídica internacional, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, puede intervenir mediante informes y medidas cautelares. Estas instancias suelen presionar al gobierno en cuestión para que respete los estándares democráticos y se reincorpore al cumplimiento de sus compromisos internacionales.
No obstante, cuando el propio aparato judicial es cooptado, la eficacia de tales remedios disminuye. Es allí cuando entran en juego estrategias de litigio colectivo y el respaldo de organizaciones no gubernamentales, que actúan como vigilantes de la legalidad y generan conciencia pública sobre las violaciones de derechos.
Resistencia ciudadana y escenarios de recuperación del estado de derecho
Aun en los contextos más opresivos, la ciudadanía posee herramientas para articular la reparación del tejido democrático. La movilización pacífica y sostenida es una de las vías más poderosas para cuestionar un dominio arbitrario. En Argentina, la tradición de asambleas barriales, marchas de derechos humanos y campañas de firma masiva ha demostrado su eficacia para forzar cambios políticos.
Existen varios caminos de acción:
- Organización comunitaria: conformar redes de apoyo vecinal y cooperativas de información para documentar abusos y coordinar respuestas.
- Litigio estratégico: presentar amparos colectivos en tribunales provinciales y federales con la colaboración de organizaciones de abogados y universidades.
- Visibilidad internacional: recabar el aval de organismos multilaterales y prensa extranjera para exponer la falta de normas y el aval tácito al autoritarismo.
- Resiliencia cultural: potenciar expresiones artísticas, periodísticas y musicales que mantengan viva la memoria democrática y el reclamo de justicia.
El éxito de estas iniciativas depende de la coherencia y la persistencia de los actores involucrados. Es crucial que las protestas sigan siendo no violentas para no proporcionarle al régimen pretextos de represión. Además, la formación de coaliciones amplias —que incluyan a partidos políticos, sindicatos, iglesias y organizaciones sociales— incrementa la presión y disminuye la posibilidad de fragmentación.
Otro elemento clave es la renovación de liderazgos. Los referentes deben surgir de procesos transparentes y rendir cuentas periódicamente, evitando la concentración de poder que tanto daño ha causado. En este sentido, la incorporación de tecnologías de participación como asambleas virtuales, votaciones electrónicas seguras y plataformas de deliberación puede revitalizar la democracia directa.
Por último, el fortalecimiento de la educación cívica garantiza que las futuras generaciones comprendan la importancia de las normas y de los controles institucionales. Programas escolares que fomenten el análisis crítico, el conocimiento de la Constitución y el respeto por los derechos humanos son el antídoto más efectivo contra la tentación autoritaria.
En definitiva, la salida de un modelo de gobierno arbitrario requiere una combinación de resistencia social, mecanismos legales y renovación política. Aunque el camino resulte largo, la historia argentina ha demostrado en múltiples momentos que el restablecimiento del estado de derecho es posible cuando la sociedad se une en pos de la libertad y la justicia.