En la jornada legislativa de hoy, el Congreso de la Nación sancionó un conjunto de normas clave para el desarrollo energético y la gestión ambiental del país. La sanción de la nueva disposición busca impulsar la transición hacia fuentes limpias, fortalecer la matriz productiva y generar oportunidades de inversión tanto en el sector público como en el privado. A continuación, ofrecemos un análisis en profundidad de esta flamante normativa, sus mecanismos de aplicación y las repercusiones económicas y sociales que se avecinan.
Lejos de tratarse de una reforma aislada, esta iniciativa forma parte de un plan estratégico diseñado por el Poder Ejecutivo y respaldado por la mayoría en ambas cámaras. Aquel proyecto, que durante las últimas semanas fue sometido a múltiples debates y ajustes, culminó con la aprobación de la Ley 28.765 de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética. En este artículo desgranamos sus principales características, el alcance de sus beneficios y los desafíos que plantea para el sistema impositivo y la ciudadanía.
Detalles de la nueva ley de Promoción de Energías Renovables y Eficiencia Energética
La sanción de la norma en cuestión representa un paso fundamental en la política energética de la Argentina de 2025. La Ley 28.765 establece un marco regulatorio que unifica y reemplaza diversas leyes anteriores, como la Ley 26.190 (Régimen de Fomento a las Energías Renovables) y la Ley 27.191 (Estrategia para la Eficiencia Energética), dotando de mayor coherencia y previsibilidad a los inversores.
Entre los puntos más significativos, se cuenta la creación del Fondo Fiduciario de Energías Limpias, que destina fondos públicos y aportes privados a proyectos de generación distribuida y centralizada. La novedad radica en la posibilidad de cofinanciamiento con organismos multilaterales y bancos de desarrollo, lo que amplía sensiblemente la capacidad de ejecución de parques solares, eólicos y de biomasa.
La norma fija obligaciones de incorporación gradual de renovables en la demanda eléctrica nacional, alcanzando un 40% del total para 2030, frente al 20% proyectado anteriormente. Este objetivo se complementa con incentivos fiscales: exención de Impuesto a las Ganancias sobre utilidades generadas por nuevos emprendimientos hasta por diez años, y reducción del componente de Ingresos Brutos en las provincias adheridas.
Adicionalmente, la ley crea un régimen especial de certificación de eficiencia energética para la industria manufacturera, los grandes centros de datos y el transporte público. Aquellas empresas que obtengan el sello verde podrán acceder a líneas de crédito con tasas bonificadas y a mecanismos de compensación por impactos ambientales reducidos.
En síntesis, la sanción de esta regulación permite responder a la pregunta sobre cuál es la nueva ley aprobada hoy, dotando al país de una herramienta integral para la modernización energética y la mitigación del cambio climático.
Impacto en el sistema fiscal y beneficios a inversores
El entramado fiscal constituye uno de los ejes esenciales de la norma, dado que busca atraer capitales externos y domésticos mediante beneficios impositivos orientados a proyectos de mediana y gran escala. En un contexto de búsqueda de financiamiento sostenible, los incentivos adoptados resultan clave.
En primer lugar, se prevé la exención de Bienes Personales para los activos destinados a la producción de energías renovables, siempre que los proyectos cuenten con certificación oficial. Asimismo, la reducción del Impuesto al Valor Agregado para la adquisición de equipos e insumos importados o nacionales facilita la reducción de costos iniciales y mejora los márgenes de rentabilidad.
Por otra parte, se contemplan mecanismos de devolución anticipada de saldos a favor de Ganancias, lo que agiliza el flujo de fondos durante la etapa de construcción. El Estado Nacional se compromete a liquidar esos créditos en un plazo máximo de seis meses, amplificable mediante convenios con jurisdicciones provinciales.
Los pilares fiscales se complementan con créditos blandos y garantías provenientes del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y la banca pública provincial. Este entramado permite que los proyectos eviten los riesgos cambiarios tradicionales, al habilitar financiamiento en moneda local con cláusula CER.
- Exención temporal de Ganancias: hasta diez años para desarrolladores y operadores.
- Incentivo de IVA cero: en bienes de capital y servicios asociados.
- Amortización acelerada: para inversiones en eficiencia energética.
- Garantías soberanas: facilitadas en el marco del Fondo Fiduciario.
Estos beneficios posicionan a Argentina como un destino atractivo para inversiones verdes. Al responder a la interrogante sobre qué proyecto legislativo fue aprobado, queda claro que la normativa incorpora estímulos tributarios de gran alcance, diseñados para dinamizar el sector.
Implicancias sociales y medioambientales
El nuevo régimen legal trasciende el ámbito estrictamente económico y fiscal, ya que incorpora un componente social y ecológico de considerable relevancia. La inclusión de cláusulas de participación comunitaria garantiza que las provincias y municipios intervengan en la toma de decisiones sobre proyectos en sus territorios.
Por primera vez, la ley establece que un porcentaje de la generación de energía distribuida debe destinarse al abastecimiento de zonas rurales y periurbanas, muchas de ellas aún sin servicio eléctrico confiable. Esto supone no solo una mejora de la calidad de vida, sino el impulso de actividades productivas en áreas postergadas.
Desde la perspectiva ambiental, la norma exige la realización de estudios de impacto ambiental previos a la puesta en marcha de cualquier obra de más de 50 megavatios. Asimismo, se instituye un sistema de monitoreo satelital para verificar el cumplimiento de las condiciones de restauración de suelos y reforestación, cuando corresponda.
El fuerte impulso a la diversificación de la matriz energética reduce la dependencia de combustibles fósiles importados y mitiga la volatilidad de precios en el mercado internacional. Ello no solo favorece la balanza comercial, sino que disminuye las emisiones de gases de efecto invernadero en línea con los compromisos asumidos en los acuerdos internacionales.
Además, la ley contempla programas de capacitación y reconversión laboral para trabajadores del sector hidrocarburífero, propiciando un traslado paulatino de mano de obra hacia proyectos renovables. Estas iniciativas serán coordinadas por el Ministerio de Trabajo y sostendrán subsidios por un período de transición de hasta cuatro años.
En definitiva, la normativa logra un equilibrio entre el desarrollo económico, la inclusión social y la protección del medio ambiente, respondiendo a las demandas ciudadanas y alineándose con las metas de descarbonización al 2050.
Reacciones en el ámbito político y mediático
La aprobación de la ley generó diversos pronunciamientos tanto en el oficialismo como en la oposición. Desde el Frente de Todos, se celebró el consenso alcanzado y se destacó la relevancia de consolidar un poder normativo estable que supere los vaivenes políticos. Varios diputados subrayaron la importancia de un proyecto que “beneficia a la Argentina federal”.
- Sector opositor moderado: destacó la necesidad de mantener la sustentabilidad fiscal.
- Partidos de izquierda: reclamaron mayores controles sociales y una mayor participación popular.
- Representantes del sector privado: valoraron los incentivos, aunque pidieron acelerar la reglamentación.
- Organizaciones ambientalistas: solicitaron un seguimiento participativo de las cláusulas de restauración ambiental.
En los medios de comunicación, diversos editorialistas analizaron el alcance del proyecto. Algunos economistas alertaron sobre la magnitud del compromiso fiscal a largo plazo, mientras que otros lo calificaron de “oportunidad histórica” para atraer fondos verdes.
Por su parte, los canales especializados en energía dieron un tratamiento exhaustivo, entrevistando a especialistas en renovables y a representantes del sector bancario. La mayoría coincidió en resaltar que, al proyectar metas ambiciosas al 2030, la Argentina se suma al grupo de naciones emergentes que apuestan por un modelo sustentable.
Perspectivas para ciudadanos y empresas ante la norma
Para las familias, la normativa impulsará una mejora gradual de la calidad del suministro eléctrico. La instalación de paneles solares en ámbitos residenciales se verá potenciada por microcréditos a tasa baja y un sistema de compensación de excedentes en la factura de luz.
Las PyMEs, por su parte, podrán optimizar sus costos energéticos a través de la adopción de tecnologías eficientes y de la incorporación de vehículos eléctricos en sus flotas de reparto. El régimen especial de certificado de eficiencia generará un valor agregado que les permitirá competir en licitaciones públicas y privadas con mayor ventaja.
En cuanto a los grandes jugadores industriales, el esquema de amortización acelerada y el acceso a financiamiento en pesos resultan elementos de transformación de la matriz productiva. Se prevé que sectores como la metalurgia, la agroindustria y la petroquímica realicen inversiones estratégicas para adecuarse al nuevo marco legal.
Finalmente, el sector energético tradicional debe prepararse para una transición ordenada. Los recursos destinados a hidrocarburos tendrán un canal de reinversión en energías limpias, lo que garantiza el mantenimiento de puestos de trabajo y la preservación de capacidades tecnológicas.
Así, la sanción de la Ley 28.765 inaugura una etapa de oportunidades y desafíos compartidos. Desde la generación familiar hasta la gran industria, todos los actores están convocados a participar de esta transformación hacia un modelo energético moderno, sostenible y federal.