Marco General del Debate Legislativo
En el seno del Congreso de la Nación Argentina se encuentra en tratamiento el Proyecto de Ley de Protección de Datos Personales y Regulación de Sistemas de Inteligencia Artificial, una iniciativa parlamentaria que busca actualizar el marco normativo vigente y armonizarlo con los desafíos tecnológicos del siglo XXI. Esta propuesta normativa persigue establecer lineamientos claros para el uso ético de algoritmos, garantizar la privacidad de los ciudadanos y prevenir posibles abusos derivados de la automatización de decisiones. A diferencia de reformas anteriores que se enfocaron exclusivamente en la protección de datos, en esta ocasión se incorpora una dimensión tecnológica que abarca desde el reconocimiento facial hasta el análisis predictivo de conductas.
El proyecto en discusión no solo plantea la creación de un ente regulador, sino también la definición de responsabilidades legales para desarrolladores, proveedores de servicios basados en inteligencia artificial y usuarios finales. Quienes apoyan esta iniciativa destacan que permitirá sentar bases sólidas para el comercio digital y la economía del conocimiento, mientras que quienes se muestran críticos señalan la posibilidad de que se generen cargas burocráticas excesivas o que queden vacíos normativos difíciles de subsanar. En ese sentido, gran parte del debate gira en torno a la efectividad de los mecanismos de fiscalización y a la capacidad del Estado para hacer cumplir las nuevas pautas.
Principales Disposiciones de la Propuesta Legislativa
La normativa en debate introduce un catálogo de derechos y obligaciones orientados a distintos actores del ecosistema digital. Entre las pautas más destacadas se cuentan:
- Consentimiento informado: Se establece que cualquier tratamiento de datos personales mediante sistemas de IA requerirá el consentimiento expreso y verificable del titular, con opciones claras de revocación.
- Evaluación de impacto algorítmico: Las empresas deberán realizar estudios de impacto previos a la implementación de modelos predictivos que puedan afectar derechos fundamentales.
- Registro público de algoritmos: Los desarrollos de alta complejidad o que operen sobre datos sensibles deberán inscribirse en un registro nacional administrado por la autoridad de control.
- Transparencia y explicabilidad: Se exigirá que los sistemas de IA cuenten con mecanismos que permitan comprender las decisiones automatizadas.
- Sanciones progresivas: Se diseñan multas económicas y medidas correctivas de distinta gravedad en función de la afectación de derechos.
Un aspecto innovador de esta propuesta es la implementación de un “sello de cumplimiento” que certifica a las empresas que hayan superado auditorías de conformidad con las disposiciones. Este sello podrá exhibirse en plataformas y productos para brindar confianza a usuarios y consumidores.
Además, el proyecto de ley contempla la articulación con normas internacionales, de modo que Argentina pueda sumarse a estándares globales y evitar la fragmentación normativa que dificulte la exportación de servicios de inteligencia artificial.
Repercusiones en el Ordenamiento Jurídico Argentino
La incorporación de esta nueva regulación implicará modificaciones a varias leyes y decretos vigentes. En primer lugar, se verá impactada la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 25.326), que deberá ampliarse para incluir definiciones técnicas sobre algoritmos, modelos de aprendizaje automático y sistemas autónomos. Asimismo, se prevé una coordinación estrecha con la Ley de Comercio Electrónico y la normativa de firma digital, para garantizar la interoperabilidad de los sistemas de registro de consentimientos.
Por otra parte, la propuesta sugiere la redacción de un cuerpo normativo específico para sancionar el mal uso de tecnologías de reconocimiento facial adoptadas por las fuerzas de seguridad, con el fin de evitar posibles vulneraciones a la intimidad y garantizar el respeto de los derechos constitucionales. De esta forma, se estaría reconociendo la necesidad de un tratamiento diferenciado cuando la IA interactúa directamente con datos biométricos.
Posiciones de los Bloques Políticos
Las principales fuerzas políticas del Congreso se posicionan de diversas maneras ante esta iniciativa parlamentaria. Los bloques de la coalición oficialista tienden a remarcar la importancia de generar un ambiente normativo propicio para la inversión tecnológica y la innovación, poniendo el acento en la competitividad y la creación de empleos de alto valor agregado.
- Frente de Todos: Aboga por un control estatal robusto y garantías de acceso equitativo a las tecnologías para todas las provincias.
- Juntos por el Cambio: Enfatiza la necesidad de simplificar procedimientos y evitar cargas impositivas o regulatorias excesivas.
- Unión Cívica Radical: Propone mayor participación ciudadana en el diseño de las reglas y auditorías a cargo de organizaciones no gubernamentales.
- Partidos Provinciales: Buscan salvaguardar autonomías regionales y adaptar la regulación a realidades locales.
En paralelo, emergen voces de legisladores que reclaman incorporar a la discusión a representantes de las comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil, con el objetivo de enriquecer la norma y asegurar una perspectiva inclusiva.
Impacto en Derechos y Libertades
Una de las preocupaciones centrales en torno a esta normativa es su repercusión sobre los derechos ciudadanos. Por un lado, se reconoce que el derecho a la privacidad y el resguardo de credenciales personales se ven fortalecidos mediante la exigencia de consentimientos y evaluaciones de impacto. Por otro, surgen interrogantes sobre la potencial limitación a la libertad de expresión si las plataformas digitales se ven obligadas a aplicar filtros o bloqueos automáticos.
Asimismo, el proyecto aborda la problemática de la discriminación algorítmica, buscando mecanismos de auditoría que detecten sesgos de género, raza, orientación sexual o condición socioeconómica. La norma propone la creación de un “Grupo de Trabajo Interdisciplinario en Ética Tecnológica” dentro de la autoridad de control, encargado de evaluar que los desarrollos no reproduzcan prejuicios históricos.
Finalmente, se estudia cómo la regulación podría incidir en el derecho al trabajo. La automatización de tareas productivas y administrativas podría generar reconvertibilidad laboral y exigir cambios en la formación profesional. La ley contempla cursos de capacitación gratuitos ofrecidos por el Estado para trabajadores impactados por procesos de modernización tecnológica.
Dudas y Controversias Más Relevantes
A pesar de contar con un amplio respaldo inicial, la iniciativa ha generado diversas reservas y cuestionamientos en torno a su alcance y aplicación práctica. Algunos de los puntos más debatidos son:
- Ambigüedad en las definiciones: Términos como “alto riesgo” o “sistema autónomo” podrían prestarse a múltiples interpretaciones.
- Capacidad fiscalizadora: Hay escepticismo respecto de si la futura autoridad contará con recursos humanos y tecnológicos suficientes.
- Confidencialidad de algoritmos: Empresas de software advierten que la obligación de revelar detalles puede vulnerar secretos comerciales.
- Superposición normativa: La coexistencia con marcos provinciales complica la uniformidad de criterios.
Igualmente, expertos en derecho administrativo han señalado el riesgo de que proliferen resoluciones regulatorias que modifican requisitos técnicos sin pasar por el proceso legislativo, lo cual podría generar inseguridad jurídica.
Perspectivas de Aprobación y Siguientes Pasos
El recorrido parlamentario de la norma continuará en comisiones, donde se espera un intenso trabajo de proposición de enmiendas y la incorporación de actores técnicos para enriquecer los artículos. La Cámara de Diputados será la primera en emitir dictamen, tras lo cual la discusión migrará al Senado. Allí, los matices entre bloques podrán devenir en acuerdos transversales o en bloqueos estratégicos de determinados artículos.
Luego de la sanción legislativa, el Poder Ejecutivo dispondrá de un plazo de seis meses para reglamentar los aspectos más técnicos. Durante esa etapa, las organizaciones de la sociedad civil, universidades y empresas podrán participar en audiencias públicas y etapas de consulta. De aprobarse sin demora, este cuerpo normativo podría convertirse en uno de los marcos más avanzados de América Latina en materia de ética digital y servir de referencia para otros países en vías de modernizar su legislación.